DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA CONSTITUCIÓN CIUDAD DE MÉXICO

442 Mario Ortega Olivares
De acuerdo con Trujillo, en los Cabildos de Indios se expresó la costumbre de
que sus representantes electos, ejercieran el poder de acuerdo con sus referentes
precolombinos (TRUJILLO M. 2012: 43). Claudia Guarisco al estudiar los ayuntamientos
de la Cuenca de México, encontró que los indígenas todavía otorgaban
su voto a mestizos y españoles de bajo rango, para que llegaran a alcaldes. Pero
los principales indígenas ocupaban el cargo de regidores, a fin de vigilarlos y
promover la participación de los indios en los asuntos locales. Así como en la
defensa de sus tierras y aguas. (TRUJILLO M. 2012: 37).
El fin de las repúblicas de indios y la aparición del estatuto municipal alteró
radicalmente la estructura administrativa de los pueblos. Las tierras y cajas de
comunidad fueron arrebatadas a las repúblicas indígenas, para entregarlas a
los cabildos. «Los productos de éstos –pueblos– ya no se distribuyeron entre la
Corona y los españoles, por una parte, y los caciques, por otra. Sólo los más ricos
pudieron mantener sus tierras durante la etapa Colonial, unidas a un cacicazgo
que establecía las reglas de sucesión, a semejanza del mayorazgo castellano»
(MORA T. 2007: 55). La comunidad indígena fue hecha a un lado por una jurisdicción
territorial municipal. Muchas comunidades que habían estado sujetas
a las parcialidades de San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco se erigieron
en ayuntamientos (ORTIZ H. 2007: 59-60).
La Independencia y el Distrito Federal
Tras la consumación de la Independencia, la constitución mexicana de octubre
de 1824, «dividió la federación en estados y territorios, desapareciendo las
parcialidades, cuyos bienes fueron repartidos entre sus integrantes. El Congreso
de la Unión declaró a la ciudad capital – que entonces era uno de los ocho
distritos de la provincia de México – sede de los poderes federales. Así, el 18
de noviembre se constituye el Distrito Federal, el cual no tiene derecho a contar
con un congreso propio» (ORTIZ H. 2007: 69). En el artículo 49, fracción
segunda donde se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para arreglar
el comercio con las naciones extranjeras, incluyó a las tribus rebeldes. Ignacio
Ramírez «El Nigromante», denunciaba en aquella época lo siguiente: «Entre las
muchas ilusiones que nos alimentamos, una de las no menos funestas es la que
nace de suponer que nuestra patria es una nación homogénea. Levantemos ese
ligero velo de la raza mixta que se extiende por todas partes y encontraremos
cien naciones que en vano nos esforzamos en confundir con una sola» (LÓPEZ
F. 2017: 21). Sin embargo, se aprobó que los estados de la frontera norte se
pudieran coaligar «para la guerra ofensiva o defensiva con los bárbaros» (LÓPEZ
F. 2017: 21). «La Constitución de 1857, como los demás textos fundamentales
mexicanos del siglo XIX –exceptuando el de 1825– excluyó la menor alusión