DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA CONSTITUCIÓN CIUDAD DE MÉXICO

Derechos de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes...
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participación y representación política; la consulta y el consentimiento libre,
previo e informado; la comunicación indígena intercultural; el desarrollo integral,
intercultural y sustentable; la educación; la salud; el acceso a la justicia
y reconocimiento de los sistemas normativos indígenas; la tierra, el territorio y
los recursos naturales, y la protección de los derechos laborales de las personas
indígenas» (REGINO A. 2017: 12). Las autoridades tradicionales y representantes
de los pueblos y barrios originarios serán electas de acuerdo con sus usos y
costumbres o sistemas normativos. Y deberán ser reconocidas en sus funciones
por las autoridades de la Ciudad de México. Las facultades de los pueblos y
barrios originarios serán las siguientes: Promover sus instituciones y reforzar su
identidad cultural. Organizar consultas ante medidas que afecten sus derechos.
Administrar la justicia local de acuerdo con sus usos y costumbre, respetando
siempre los derechos humanos. Y controlar su propio desarrollo.
Los sujetos colectivos originarios, tendrán las siguientes facultades, de acuerdo
con el artículo 59, inciso B, fracción 8: promover y reforzar sus propios sistemas
y formas de organización, así como fortalecer sus propias identidades y prácticas
culturales. Organizar consultas sobre medidas legislativas, administrativas o de
cualquier tipo que pudieran afectarlos. Administrar justicia en su propia jurisdicción
mediante sus propias instituciones, usos y costumbres, en la regulación y
solución de conflictos internos. Decidir sus prioridades de desarrollo económico,
social y cultural. Participar en la formulación y aplicación de planes y programas
urbanos. Gestionar y ejecutar programas de preservación y aprovechamiento de
bosques, lagos, acuíferos, ríos y cañadas en su ámbito territorial, así como de
la flora, fauna silvestre, recursos y conocimientos biológicos. Administrarán sus
bienes comunitarios, así como su patrimonio cultural, arquitectónico, biológico,
natural, artístico, lingüístico, saberes, conocimientos, expresiones culturales tradicionales,
además de la propiedad intelectual colectiva de los mismos (ACCDMX
2017: 194-196). Se les reconoció el derecho a la libre determinación política
en busca de su desarrollo, en calidad de «titulares de un conjunto de facultades
y competencias en materia política, administrativa, económica, social, cultural,
educativa, judicial, de manejo de recursos y medio ambiente, mismas que serán
implementadas en su ámbito territorial» (REGINO A. 2017: 12). El instrumento
para su desarrollo será la economía social y solidaria entendida como base estructural
de un cambio para la vida de los pueblos originarios. Podrán concurrir
con el Ejecutivo de la ciudad en elaboración y ejecución de planes de salud,
educación, vivienda, sociales y económicos de su competencia. Los pueblos y
barrios oriundos contarán con el derecho a usar y proteger sus lugares religiosos,
ceremoniales y culturales, con la salvaguarda de las normas jurídicas federales
y locales. Se establecerán programas de investigación, rescate y aprendizaje de
su lengua, cultura y artesanías (ACCDMX 2017: 195). En el inciso B sub-inciso