DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA CONSTITUCIÓN CIUDAD DE MÉXICO

462 Mario Ortega Olivares
A. 2017: 12). «Ahora todos aquellos que negaban ser pueblos para evitar la
discriminación cultural, querrán ostentarse como originarios, para disfrutar de
sus derechos autonómicos. De ahí la necesidad de otorgar a las personas un
derecho a la auto adscripción cultural y política como originarias, vinculado al
reconocimiento que el propio pueblo haga del individuo como integrante del
sujeto colectivo consuetudinario. Medida necesaria para evitar experiencias con
la de los Mapuche, que han visto la enajenación de sus derechos por parte de
mestizos que se auto adscriben como indígenas» (RAMÍREZ J. 2017: 6).
Los derechos en el artículo 59
Los derechos de los pueblos, barrios y comunidades se enumeran en el artículo
59 de la Constitución de la Ciudad de México. El inciso A del artículo 59, sobre
derechos de carácter jurídico se refiere a la libre determinación de su condición
política, económica, social y cultural, bajo el marco de la constitución. En
su calidad de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica
y patrimonio propio. También se reconoce su derecho a la libre asociación
(ACCDMX 2017: 192-193). Los pueblos y barrios originarios podrán ejercer la
autonomía conforme a sus sistemas normativos y de organización, sobre los
territorios de la Ciudad de México donde se asientan, inciso B del artículo 59.
Los que se demarcarán de acuerdo con sus características históricas, culturales,
sociales y de identidad, siempre respetando el marco jurídico vigente. En dichos
territorios tendrán competencia y facultades en lo político, administrativo,
económico, jurídico, social, cultural, educativo y judicial. Destacando el derecho
a manejar sus recursos y medio ambiente (ACCDMX 2017: 193). Para ello los
pueblos y barrios originarios contarán con partidas presupuestales específicas
establecidas por las autoridades de la Ciudad de México (ACCDMX 2017: 193-
194). En el artículo 59 de la constitución local, se garantiza su derecho a la
libre determinación, preservando la unidad de la Nación mexicana. Mientras
que en el artículo segundo de la constitución federal, la autonomía fue definida
de manera abstracta. En la correspondiente a la Ciudad de México «le dimos
concreción, es autonomía política, es autonomía territorial, es autonomía en el
manejo interno de la solución de conflictos» (RAMÍREZ J. 2017: 3). En la constitución
de la Ciudad de México se define la autonomía, como la capacidad de
los sujetos colectivos para tomar sus propias decisiones económicas, políticas,
judiciales y culturales. Incluyendo la administración de sus recursos naturales
y medio ambientales, pero respetando la propiedad social, privada y pública
vigente. Las autoridades de la ciudad deberán destinarles partidas presupuestales
para ejercer tales derechos. El artículo 59 reconoció a los pueblos, barrios
y comunidades, la titularidad de una serie de derechos colectivos. Como «la