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- La instrumentalización de la juventud por parte de los grupos armados, el narcotráfico e incluso

el mismo ejército nacional, quienes hacen permanentemente un reclutamiento forzado de

hombres y mujeres jóvenes desde diferentes modalidades: la trata de personas, la vinculación a los

grupos y ejércitos ilegales, al narcotráfico y la delincuencia, lo que no permite la libre opción de

los y las jóvenes a expresarse libremente y participar de otras propuestas, grupos o movimientos.

- Los procesos de reinserción y desmovilización de grupos armados y delincuenciales, donde

hay una alta participación de jóvenes. Si bien no se niega la importancia que pueda tener para

mermarle el volumen al conflicto en el país, esto trae consigo una serie de riesgos y consecuencias,

entre los que se destaca la instalación pública de la imagen del guerrero y el delincuente como

una oportunidad de ser reconocido a nivel social y de acceder a recursos económicos, a empleo

y posibilidades de estudio, y generando sentimientos de frustración y rabia en aquellos jóvenes

que le están jugando limpio al país desde sus propuestas no violentas, de desarrollo comunitario,

estudiantes comunes, jóvenes artistas, pues si se comparan los presupuestos asignados para

promover y/o apoyar este tipo de iniciativas, son mucho menores que los que se asignan para

favorecer los procesos de reinserción y desmovilización de los paramilitares o los grupos de

delincuencia común 113 .

2. El poco conocimiento y respaldo a las políticas públicas y a programas para la juventud

existentes en el país. Estos no se tienen en cuenta en los planes y programas de los gobiernos, las

organizaciones adultas, la escuela y sus docentes, padres de familia y las propias organizaciones

juveniles que son poco conocedoras de dichos programas, o no están convencidas de su

importancia y aquellas instituciones que trabajan con juventud no han logrado consolidar

mecanismos para promoverlas, hacerlas conocer y vigilar su cumplimiento.

3. La escasa reflexión teórica. Consideramos que, aunque hemos venido ganando en un

trato a la juventud como sujetos políticos y sociales, como actores de su propio desarrollo, pero

también de la ciudad entera y de sus dinámicas, no nos hemos detenido a dar cuenta de los

lugares teóricos y conceptuales, ni de las posturas políticas y sociales desde donde tal interacción

con la juventud es posible, y sobre todo deseable y pertinente.

4. La escasa atención a las opiniones y propuestas de los propios jóvenes. En la bibliografía

local y en la producción de conocimiento sobre juventud, se encuentran una buena cantidad de

textos alrededor de las metodologías y las maneras de intervención, incluso en los resultados

de dichos proyectos dedicados a este sector de la población juvenil; pero muy poco sobre los

enfoques, los postulados teóricos, éticos, sociales y políticos que los impulsan; y menos aún sobre

las miradas que la misma población juvenil se ha ido forjando sobre estas ofertas y servicios; pero

tampoco, y en lo que a este estudio interesa, sobre sus posiciones respecto a lo social, a lo cultural,

a lo económico y a lo político.

113/ Solo hablando de

Medellín, la Subsecretaría de

Metrojuventud dentro del Plan

de Desarrollo de la ciudad tiene

asignado para el desarrollo de

la política de juventud 6 mil

millones para el cuatrienio, y

acaba de anunciarse por parte

de la Secretaría de Gobierno la

asignación de 3 mil millones solo

para el 2005, para programas

de entrega y desmovilización

de jóvenes vinculados a grupos

de delincuencia, fuera de lo

que ya está asignado para los

procesos de reinserción de los

paramilitares.

5. La desvalorización de los y las jóvenes. Aunque hubo cierto auge de las reflexiones

sobre juventud a principios de la década de 1990, y luego a finales de la misma, estas han estado

marcadas por la problemática de la violencia y el narcotráfico, como víctima o victimaria, a cierto

tipo de prácticas culturales, o por su participación política en los espacios formales diseñados

para ello, alrededor de la Constitución Política Nacional de 1991 y su apuesta de avanzar en una

democracia participativa. Así mismo, en las encuestas y diagnósticos, los indicadores para medir

la participación y la movilización política de la juventud están referidos al grado de confianza en

las instituciones públicas, el registro y el potencial de jóvenes votantes y la abstención electoral

y a la pregunta de sí les gusta o no participar, mientras que las lecturas sobre las concepciones

políticas de los y las jóvenes, del lugar que quieren ocupar en el mundo, de las propuestas que se

presentan en sus apuestas -porque las tienen- son casi inexistentes, lo que hace suponer que las

instituciones y el mundo adulto en general, parten de la idea de que los jóvenes no tienen una

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