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guerrero tan dominante en nuestro país. Sin este tipo de componentes, será muy difícil contar

con la legitimidad necesaria para operar en estos dominios.

3. Realizar una evaluación crítica y muy propositiva sobre la realidad de los CMJ en el

país, que permita ubicar claramente los errores cometidos, identificar sus limitaciones y sus

potencialidades como mecanismo de representación y participación política formal de la

juventud para que se puedan crear las condiciones para su funcionamiento más acorde a nuestras

realidades y contextos, y realmente se conviertan en escuelas de formación ciudadana, no solo

para los jóvenes que son elegidos, sino para los que participan de su elección. El tema de la

representatividad, en particular, debiera ser seriamente revisado.

4. Las políticas públicas de juventud deben incidir en las políticas educativas del país,

haciendo énfasis en la calidad de la educación, en la formación de los maestros y en la construcción

de currículos flexibles y constextuados, que además partan de reconocer a la juventud no como

simples estudiantes, sino en su condición de jóvenes, como sujetos de derechos y deberes, como

seres autónomos y con capacidad crítica y propositiva sobre la realidad social y política. Que se

pueda hablar de una escuela democrática e incluyente, donde desde los mecanismos contemplados

en la Ley de Educación que hablan sobre la democracia en la escuela, se hagan realidad, de modo

que el niño y el joven se sientan incluidos, perciban que son escuchados y tenidos en cuenta

como un sujeto que existe como tal y no solo como estudiante, independientemente de que sea

menor de edad.

5. Es necesario fortalecer, consolidar y replicar experiencias que se vienen desarrollando en

el país, varias de ellas reconocidas como experiencias significativas en el ámbito de la educación

formal y no formal, centradas en la formación ciudadana, en la gestión de programas y políticas

públicas, capacidades comunicativas y en herramientas metodológicas, didácticas y pedagógicas,

que no solo estén dirigidas a jóvenes y organizaciones juveniles, sino y fundamentalmente a adultos

(funcionarios, maestros, comunicadores, promotores juveniles), promoviendo de esta manera las

relaciones y el diálogo intergeneracional, la construcción de experiencias y espacios que favorecen

la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y que contribuyen a trasformar las ofertas

institucionales, acercándolas de manera más coherente a la realidad, demandas y necesidades de

participación de la juventud.

6. Son ya varios años dedicados al diseño de políticas de juventud en el país, y el balance

es altamente positivo. En ciudades como Bogotá y Medellín e incluso a nivel nacional, se cuenta

con lineamientos claros en su enfoque y propuestas, y con planes estratégicos a 10 años avalados

por los gobiernos locales, lo que lleva a la necesidad de crear los mecanismos que garanticen la

veeduría y el seguimiento a su implementación, donde tengan participación los movimientos

y las organizaciones juveniles como interlocutores válidos en este ejercicio de ciudadanía. Así

mismo, es fundamental que se realicen procesos de sistematización de dicha implementación,

así como la construcción de indicadores que permitan ir evaluando el impacto de las mismas

en la población juvenil y en la sociedad en general, ya que las mismas desde su enfoque se han

planteado como reto la incidencia y articulación a las políticas sectoriales, sociales y de reformas

políticas que hoy se desarrollan en el país.

7. Centrar esfuerzos en el campo de la legislación juvenil, no solo en el proceso de

reglamentación de la Ley de Juventud, donde aún falta mucho por hacer, sino articulando

esfuerzos locales y nacionales de instituciones y movimientos juveniles para incidir en los

diferentes proyectos de ley que hoy cursan en el Congreso y que tienen relación con los procesos

de reforma a la justicia, la rebaja de edad en la penalización a menores, el código del menor y

con los procesos de reinserción de los paramilitares que tienen que ver con el proyecto de ley

en debate hoy sobre verdad, justicia y reparación. Con el propósito de que se garanticen los

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