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Grupo de Abogados ~
Grupo de Abogados de
Derecho de Extranjería
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El Régimen Sancionador en la Legislación de Extranjería
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Pedro J . García Cazorla
Colg . n° 1230
Presidente del Grupo
El Título 111 de la Ley Orgánica
4/2.000, sobre los Derechos y
Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social,
así como su ulterior reforma está
dedicado a las infracciones y el
régimen sancionador aplicable.
En su primer precepto, artículo
50, hace remisión expresa a la
Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, más con ­
cretamente al Título IX de este
cuerpo legal, como marco de
referencia, en un doble sentido,
en cuanto a los principios inspiradores
y en lo concerniente al
cauce por el cual debe desenvolverse
la actividad de la
Administración Pública llamada
en su caso a ejercer la actividad
sancionadora.
En lo que concierne a los principios
vertebradores del régimen
sancionador, convíene acudir de
forma previa a lo establecido en
el Texto Constitucional donde el
artículo 25 apartado 1° consagra
la tipicidad y el apartado 3°, prohíbe
a la Administración Civil
imponer sanciones que directa o
subsidiariamente, impliquen privación
de libertad. El resto de los
principios como el de legalidad.
irretroactividad, responsabilidad,
proporcionalidad, prescripción y
no concurrencia de sanciones
están descritos con una claridad
meridiana en los artículos 127 a
133 de la Ley 30/1992, reformada
en abril del año 1.999.
En cuanto al procedimiento
sancionador y sus principios nos
remitimos al Capítulo 11 del Título
IX de la Ley 30/1.992 y el
Reglamento de Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora. Real Decreto
1398//1993 de 4 de agosto
CBOE n° 189 de 8 de agosto), o
en su caso el Real Decreto
Legislativo 5/2000 Texto
Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Las bases del sis
tema sancionador por enunciarlas
de forma somera radican; en la
previa incoación del procedimiento
legalmente establecido, la
debida separación entre fases y
capacidades instructoras y sancionadoras,
presunción de inocencia
, proporcionalidad de la
infracción cometida a la sanción a
imponer y para finalizar resoluciones
motivadas que resuelvan
todas las cuestiones planteadas
en el expediente.