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236 NAVARRA.
cuando el Ingeniero Jefe del distrito de Navarra remitió el plan de
aprovechamientos que habían de verificarse en los montes que el Es­
tado posee en aquella provincia, no hizo mención de los que perte­
necen.á los pueblos, cuando en la Real orden de 30 de Abril do 1862
si bien se dispone que aquellos montes se administren con arreglo á
los fueros de Navarra, en su art.. 3.° consigna que correspondo al
Gobierno por conducto del Ministerio de Fomento la vigilancia para
que se administren por los Ayuntamientos y Diputación provincial,
con arreglo á los fueros y leyes especiales reconocidas como vigentes.
Con el mayor detenimiento ha examinado este Consejo esta cues­
tión, analizando cuantas disposiciones pueden aclararla, porque no so
le oculta la gravedad que va unida siempre á los conflictos entre la
legislación general del país y la especial do alguna de sus provincias,
y los inconvenientes de pedir informes y antecedentes á las autorida-
,des locales, que promueven dificultades y cuestiones, en las que tal
vez no hubieran pensado sin la consulta. Afortunadamente en el caso
presente cree el Consejo que lo ya legislado basta para resolver las
eludas de la Junta consultiva de montes.
La ley de 16 de Agosto do 1841 que organizó la Administración
general de la provincia do Navarra, respetó las atribuciones de aque­
llos Ayuntamientos relativas á la administración económica interior
de los fondos, derechos y propiedades do los pueblos, que se ejercen
bajo la dependencia de la Diputación provincial con arreglo A su
legislación especial, y asimismo dispuso que la Diputación provincial
en cuanto á la administración de los productos de los propios, rentas,
efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la pro­
vincia tendría las mismas facultados que ejercían el Consejo de Na­
varra y la Diputación del Reino, y además las que siendo compatibles
con estas tengan ó tuvieron las Diputaciones provinciales de la mo­
narquía.
Es decir, que el principio administrativo do la ley de 1841, orgá­
nica de la administración do Navarra que osos preceptos desenvuel­
ven, no fué otro que el de respetar la legislación especial en lo rela­
tivo á la gestión económica do las propiedades do los Ayuntamientos
y de la provincia, sujetándolos en todo lo demás á las leyes generales
de la monarquía.
Este principio clarísimo, indisputable, que ha confirmado y apli­
cado después la Real orden de 30 de Abril do 1862 y que no ha
alterado tampoco la legislación de montes posterior á esa fecha, puede
servir, ajuicio del Consejo, de criterio seguro á la Junta consultiva y
al Ingeniero de montes do Navarra para juzgar hasta qué punto debe