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REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 325
trativo sólo ostentan este carácter y ejercen jurisdicción el Rey por
medio de sus Ministros responsables, el Gobernador civil y el Alcal­
de , siendo todos los demás funcionarios simples empleados adminis­
trativos ó agentes de la autoridad, como acontece en el ramo de
montes á los Ingenieros, que dependen de la superior de la provin­
cia, por más que tengan un carácter facultativo; pero sin que sus
atribuciones alcancen hasta confundirse con aquella jerarquía, como
claramente so desprende de varios artículos del reglamento orgánico
del Cuerpo y de otras disposiciones vigentes, que también niegan á
dichos funcionarios la facultad de certificar y nasta de facilitar bajo
ningún concepto documentos relativos al servicio de que están en­
cargados sin orden expresa de la Dirección general de su respectivo
ramo ó del Gobernador civil de la provincia; y finalmente, y bajo
otro orden de consideraciones, que los certificados do que se trata
adolecen además do falta do claridad, por decirse en los mismos que
los expresados montes habían pertenecido al Estado ó al Patrimonio
Real, ambigüedad que por sí sola es suficiente á producir la nulidad
de la inscripción controvertida;
Resultando que el Juez de primera instancia del partido, en vista
del reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros de montes y de-
mas disposiciones citadas por las partes, dictó providencia en 17 do
Marzo último declarando no haber lugar á la inscripción solicitada,
por considerar que siendo el Gobernador civil de la provincia la au­
toridad competente en el ramo expresado, á ella sólo incumbo, con
arreglo al Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, el expedir las
certificaciones' de posesión de los montes públicos á nombre del Es­
tado para que puedan ser inscritos en los libros del Registro;
Resultando que notificada á las partes la anterior providencia, apeló
de la misma el referido Ingeniero Jefe, y elevado el recurso al Pre­
sidente do la Audiencia de Barcelona, so dictó la oportuna sentencia,
en la que después de aceptar los hechos de la de primera instancia,
y considerando además dicho funcionario al pronunciarla que el re­
currente, por más que sea el encargado de la administración de los
montes públicos, y bajo este supuesto le corresponda la facultad de
certificar en los negocios de su incumbencia, no es sin embargo la
autoridad ni el Jefe de la dependencia que tiene á su cargo el cuidado
y principal administración de aquéllos, el que no' es otro sino el Go­
bernador civil de la provincia y las Secciones de Fomento, por cuyos
méritos se confirmó la providencia apelada;
Vistos elart. 8.° del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, la
ley de 24 de Mayo de 1863, el reglamento para su ejecución y el re-