4. Juicio de amparo indirecto 742/2012, del índice del Juzgado ...

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Juicio de amparo 742/2012
determinante en la reforma al artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectuada en junio del
dos mil once, y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
admitiera expresamente que todos los jueces del país se
encuentran constreñidos a ejercer, dentro de sus respectivas
competencias, el control de convencionalidad y el control difuso
de constitucionalidad, según se desprende de lo resuelto en el
expediente varios 912/2010.
Por lo que hace a la reforma constitucional aludida, cabe
mencionar que el diez de junio del dos mil once, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto de reforma al artículo 1°
de la Ley Fundamental, en los siguientes términos:
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.---Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.----
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley…
De la anterior transcripción se advierte, entre otras cosas,
que a partir de la reforma constitucional de diez de junio del dos
mil once, se elevaron a rango constitucional los derechos
humanos protegidos tanto por la Carta Magna como por los
tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte,
cuestión que implica la creación de una especie de bloque de
constitucionalidad integrado ya no sólo por la ley fundamental sino