4. Juicio de amparo indirecto 742/2012, del índice del Juzgado ...

) Fin legítimo: El segundo de los extremos a examinar
se refiere a si el arraigo previsto por el Código de Procedimientos
Penales para San Luis Potosí, persigue un objetivo legítimo a la
luz de lo dispuesto por el Pacto de San José de Costa Rica.
De la lectura del numeral 168 del invocado cuerpo
normativo, se concluye que el establecimiento de la institución
jurídica del arraigo tiene como finalidad evitar que la persona en
contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, se
sustraiga de la acción de la justicia, y no se impida el desarrollo
del procedimiento.
En ese tenor, si el objetivo perseguido con la incorporación
del arraigo en el Código de Procedimientos Penales para San Luis
Potosí, es mantener, en términos generales, la seguridad pública,
por ende, es de considerarse que el artículo 168 del código
adjetivo citado, persigue un fin legítimo compatible con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
particularmente, con lo dispuesto en su numeral 22.3.
c) Idoneidad: A fin de analizar tal requisito es
indispensable establecer la relación de medio a fin entre la
medida que restringe el derecho humano respectivo, en el caso a
estudio, el arraigo, y el fin que pretende perseguir éste. Este
criterio de idoneidad no implica un juicio de valor sobre la medida
sino sólo una de carácter objetivo a fin de determinar si existe una
relación de causalidad.
Ahora bien, si como quedó precisado en el inciso anterior, el
fin legítimo que persigue el arraigo es preservar la seguridad
pública, en consecuencia, se colige que sí existe una relación
causal entre dicho objetivo y el establecimiento de tal medida
cautelar; de ahí, que en la especie queda satisfecho el tercero de
los extremos analizados.
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