4. Juicio de amparo indirecto 742/2012, del índice del Juzgado ...

se imposibilite el cumplimiento del eventual mandamiento
aprehensorio que llegue a pronunciarse; sin embargo, para
decretar tal medida precautoria no se requiere que la averiguación
arroje datos que conduzcan a establecer que una persona tenga
probable responsabilidad penal en el ilícito respectivo, y no
obstante lo anterior, se puede legalmente ordenar la afectación de
la libertad personal de un individuo hasta por un término de treinta
días, contraviniendo el principio de presunción de inocencia, sin
que al efecto se justifique tal detención con una determinación en
la que se le den a conocer al indiciado los pormenores del delito
que se le imputa, ni la oportunidad de ofrecer pruebas para
deslindar su responsabilidad y privándosele consecuentemente
del derecho que tiene a circular libremente por el país.
Así, conforme a lo dispuesto por el invocado precepto legal
del código adjetivo citado, se advierte que se solicita el arraigo
cuando los elementos de prueba que obran en la averiguación
previa aún no son suficientes para que hagan probable la
responsabilidad del indiciado y que se pueda solicitar la orden de
aprehensión, sino que requiere de mayor investigación, pero ante
la existencia del riesgo de que el indiciado se sustraiga a la acción
de la justicia, se solicita la orden de arraigo; de tal suerte que al
decretarse el arraigo, al indiciado se le restringe su libertad
personal hasta por el término de treinta días, esto es, no es
llevado sin demora ante autoridad judicial para que determine su
situación jurídica; se le viola el principio de presunción de
inocencia al ser detenido arbitrariamente para realizar una
investigación sobre hechos ilícitos en los que probablemente tuvo
participación; y se le impide salir de un determinado inmueble, lo
que lo imposibilita a salir de la población en que reside y del
territorio nacional.
Por las razones antes expresadas, es que se afirma que la
orden de arraigo prevista por el numeral 168 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, es
incompatible con los artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 de la
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