AI40 Informe final.doc - Fundación Carolina

pendientes con el Estado, o que se encuentren en áreas protegidas. A partir de este Mandato se
dio 180 días de plazo para la elaboración de una nueva Ley Minera.
Con la aprobación del proyecto de Ley Minera, por el “Congresillo” el 12 de enero del 2009, se
dará inicio a la operación de la minería a gran escala en el Ecuador. Así, se acaba la vigencia del
mandato minero.
Según el Gobierno, el proyecto legal determina nuevas reglas para los actores del sector minero
y un mayor control estatal de la actividad minera con exigencias de inversión y protección
ambiental. El Gobierno presenta la nueva Ley como una garantía de una exploración y
explotación controlada, es decir una explotación que asegure beneficios económicos y sociales,
así como que garantice seguridad del ecosistema.
Sin embargo, la aprobación de la Ley Minera en la Comisión Legislativa activó la protesta de
los indígenas, grupos ambientalistas y pequeños mineros, por considerar que esa norma favorece
a las trasnacionales mineras y desprotege al ambiente y a las zonas donde se asentarían los
grandes proyectos de extracción. Las movilizaciones en contra de esta Ley y anteriormente en
contra del proyecto de Ley se caracterizaron por manifestaciones y protestas en las calles,
bloqueos de carreteras, esencialmente en el sur andino del país, huelga del hambre. El paro en
contra de la Ley Minera se ha dado sobre todo en las provincias de Azuay, Zamora Chinchipe,
Loja y Morona Santiago.
El movimiento indígena contra la Ley de Minería fue respaldado y liderado por la CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) que critica la nueva Ley Minera
porque considera que ésta afectará al ambiente, cambiará la vida en los pueblos y amenaza con
acabar con los recursos naturales (bosques, petróleo, manglares, metales) que tiene el país. Por
eso, exige la salida de las transnacionales mineras de todo el territorio nacional.
Desde el principio del proceso de elaboración de la nueva Ley de Minería, los movimientos
indígenas, así como grupos ambientalistas y pequeños mineros, protestan contra el Gobierno. El
Gobierno tiene una actitud rígida frente a estas protestas. En estas condiciones, es necesario
lograr que se construya un espacio de diálogo entre las diferentes partes del conflicto para
negociar y lograr consensos.
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