AI40 Informe final.doc - Fundación Carolina

Según Acosta, la aprobación del Mandato Minero 33 es otro acto de recuperación de la
Soberanía 34 . Acosta, estima que no se trata de paralizar la pequeña minería, la minería artesanal,
la minería de subsistencia, lo que tiene que ver con los condominios mineros y con las
cooperativas mineras, éstas no se verán afectadas.
“Estamos estableciendo reglas claras para que se defina a futuro cómo va a ser la minería
metálica mediana y la gran escala, habrá que elaborar una Ley y el Mandato Minero menciona
el plazo de 180 días”. Según el presidente de la Asamblea, la Ley será elaborada por quienes
ejercerán la Función Legislativa.
Pese a lo anterior, Alberto Acosta es partidario de declarar al Ecuador un país libre de minería a
gran escala, a cielo abierto. Cree que, sobre este tema, se debería consultar al pueblo a través de
un referéndum. “Si se pronuncia a favor tendrá que hacerse con mucha responsabilidad, con
buenos y serios estudios de impacto ambiental, con participación de la ciudadanía, con consulta
previa y consentimiento expreso y con un mecanismo para que el Estado pueda participar de la
renta minera. Además que exista seguridad para ambas partes, seguridad jurídica para el
inversionista, para el Estado, para los ciudadanos.
En opinión del Presidente Correa, también vertida en su visita a Madrid, el consentimiento
previo e informado será exigible a cualquier proyecto industrial que afecte intereses ambientales
y comunitarios, pero que ante conflictos de intereses que afecten los intereses del Estado, será el
gobierno quien tenga la última palabra para resolver diferendos.
Naturalmente, dada la oportunidad de una amplia participación en el proceso constituyente, la
discusión acerca del uso y conservación de los recursos naturales debía hacerse presente. Y, el
movimiento indígena ecuatoriano, como uno de los actores sociales más relevantes y afectados
por las decisiones en el tema, se hizo presente a todo lo largo del procesos constituyente,
haciendo ver con fuerza y claridad su oposición a una visión e institucionalidad liberal en el uso
de los recursos naturales.
En términos generales, en la Asamblea Constituyente predomina la opinión mayoritaria de que
la minería a cielo abierto es dañina para el país por los altos impactos sociales y ambientales que
33 Aprobado con fecha 20 de Abril de 2008 con los votos mayoritarios de la Asamblea Constituyente, y que en su cuarto
considerando menciona la relación existente entre la actividad minera y los derechos indígenas.
34 Según portavoces de Alianza País en la Constituyente, el mandato incluirá la reversión al Estado de concesiones además se ha
planteado la creación de una empresa estatal minera, que controle el sector, y el reforzamiento de disposiciones ambientales y
financieras aplicadas a la actividad.
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