Justicia, Justicia, - el caso saiegh

B- De la competencia y necesaria intervención del Sr. Presidente de la Nación para
la resolución del conflicto
Desde el año 1995 se encuentra a resolución en la mencionada órbita Presidencial ,es
decir desde hace más de ocho años según expediente: PRESIDENCIA No.190.650-0/95, a fin de
examinar la responsabilidad para el Estado Nacional, y de concederme el mecanismo reparatorio,
ya que corresponde legalmente la intervención personal directa del Sr. Presidente en los
términos del Art. 32°, inciso g.3) del decreto 2140 /91,dado que en el presente caso esta
adecuadamente cumplida la tercera de las hipótesis previstas en dicha norma reglamentaria, en
cuanto a que la decisión definitiva sea adoptada por el Presidente, al igual que los términos del
Art. 17° de la Constitución Nacional, que impone y consagra la exigencia de recomponer y
restituir, cuando menos, el patrimonio del que fuera ilegítimamente despojado por las autoridades
de facto, en el marco garantístico e insospechable que puede brindar el Sr. Presidente de la
Nación, en su calidad de “Jefe Supremo de la Nación, Jefe del Gobierno y responsable político de
la administración general del país” (Art. 99°, inc. 1, Constitución Nacional )
En tal sentido, he solicitado se dé a esta presentación tramite de extrema urgencia, toda
vez que la prolongación en el tiempo de un despojo y la demora en producir la
reparación es no sólo profundizar el daño y ampliar la injusticia, sino también prolongar el
dolor moral, tras tanto tiempo sufrido.
El Estado no puede seguir "victimizando a la victima", y el hecho que haya una
reparación material por hacer lo obliga más, ya que es algo que esta al alcance de las
responsabilidades y posibilidades de sus funcionarios, algo posible y no lo imposible de devolver,
como lo es, lamentablemente, la vida a un muerto o desaparecido
Desde hace más de veinte años reclamo justicia; y en las actuaciones que se
encuentran a resolución del Sr. Presidente de la Nación le he solicitado en reiteradas
oportunidades al PEN desde el año 1995 s/expte 190.650/95 el dictado de la resolución
definitiva en el conflicto, a raíz del despojo ilegítimo de todos mis bienes, por tratarse de un
caso de flagrante violación de Derechos Humanos fundamentales, materia en la cual el Sr.
Presidente se ha comprometido políticamente.
Las violaciones, ilegalidades y las antijurídicas circunstancias que precedieron y
sucedieron a esa decisión, quedaron documentadas en todas las actuaciones, en la que se
demostró la total ilegalidad del profusamente publicitado “arresto-secuestro” del suscripto y de la
entidad luego liquidada, como asimismo en la presentación del 10 de marzo de 2003 hecha ante
el Presidente de la Nación, junto con el escrito en trámite de ser presentado, como ultima
instancia, por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por
discriminación y denegación de justicia, avalado por los propios documentos del Estado
que asi lo indican y el fallo determinante del Juez Garzón
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