Justicia, Justicia, - el caso saiegh

tras la detención, o utilizan la extorsión posterior para que aquellos transmitan
sus bienes a estos”.
“De esta forma -agregó- los empresarios judíos suelen ser incluidos en
una serie de secuestros ‘extorsivos’ con el objetivo de que autoliquiden sus
bienes, entregándolos a funcionarios ligados a la dictadura militar”.
Y ejemplificó Garzón, entre otros, con mi caso, como emblemático:
“En algunos casos, como el de Eduardo Saiegh, detenido el 31 de octubre
de 1980, se le mantiene secuestrado una semana, durante la cual es
torturado para que confiese supuestos delitos que justifiquen la
liquidación del Banco Latinoamericano, en cuya dirección estaba
integrado. Una vez liberado, la dirección es presionada para solicitar
‘voluntariamente’ la autoliquidación del Banco, pero manteniendo como
garantía los bienes de Eduardo Saiegh”.
El juez español saca una primera conclusión: “Los datos expuestos a
modo de ejemplo, demuestran indiciariamente que la actuación violenta contra
la comunidad judía en Argentina durante la Dictadura Militar fue algo
preconcebido e institucionalizado como un elemento más dentro de las
finalidades ideológicas perseguidas por el (mal llamado) Proceso de
Reorganización Nacional, y que el origen étnico judío fue un factor
contribuyente a la mayor crueldad del trato, tortura y eliminación”.
Jorge Devincenzi, actual funcionario de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, explicó que “el enemigo interno era todo aquel que el
poder consideraba como tal y ser acusado delincuente subversivo fue el
argumento más eficaz, aunque también -amparándose en la influencia de
ciertos sectores de la Iglesia en las FFAA y de seguridad- funcionó el ser judío”.
Pero también aclaró que “eran sólo pantallas, telones que escondían el
objetivo de desnacionalizar la economía y apropiarse, gracias al poder
discrecional de que disponían, de aquello que se les antojara”.
Este informe fue elevado oportunamente a la Subsecretaría Legal del
Ministerio de Economía de la Nación, dependencia que solicitó la opinión de la
Secretaría de Derechos Humanos sobre si la liquidación del Banco
Latinoamericano, perteneciente al implicado, podía considerarse dentro del
accionar de la última dictadura cívico-militar argentina.
El 25 de octubre de 2004, a través de una investigación llevada a cabo
por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
Rodolfo Mattarollo, el Estado Nacional consideró y reconoció a través del
secretario de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Luis Duhalde, a los
hechos que me sucedieron como “enteramente compatibles con el accionar
del Terrorismo de Estado practicado por la última dictadura militar y
constituye, por lo tanto, una grave cuestión de derechos humanos,
agravados en su condición de judío”.
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