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El hechizo de El Castellar
rio referido á los jurados de Çaragoça, con ira movidos, mandaron la villa y el castillo
arruinar, de manera que al presente no se ve allí más que las ruinas.
Sentencia publicada en la Gaceta de Madrid nº 3, de 3 de enero de
1871, como consecuencia del último gran pleito entre el Ayuntamiento
de Torres de Berrellén y el Duque de Villahermosa sobre los aprovechamientos
y servidumbres del monte de El Castellar.
Los cambios políticos producidos en las primeras décadas del siglo
XIX agudizaron aún más las tensiones entre vecinos y nobles en todo el
conjunto de Aragón. Un decreto legislado en las Cortes de Cádiz, de 6 de
agosto de 1811, ordenaba la inmediata abolición de los señoríos jurisdiccionales
y de toda clase de viejos derechos feudales, pero el artículo 5 del
mismo decreto establecía también que los señoríos territoriales y solariegos
quedaban desde aquel momento dentro de la clase de los demás
derechos de la propiedad particular. Y fue ésta la principal fuente de los
conflictos posteriores. El problema residía en quién decidía de qué clase
eran los señoríos y si estos debían ser eliminados o no. Hoy en día tanto
los juristas como los historiadores están de acuerdo en que esa distinción
fue un error histórico y jurídico, porque todos los monarcas medievales
entregaban únicamente la jurisdicción territorial y no la propiedad de la
tierra. Naturalmente los vecinos de los pueblos se apuntaron en masa,
durante aquel siglo, a esta interpretación, mientras los nobles se apuntaban
a la segunda, que el origen del señorío era territorial, y por tanto se
debían mantener como nuevos propietarios, y en todo caso con nuevas
relaciones contractuales con los campesinos. Pero la reposición de
Fernando VII en 1814, y la posterior reacción absolutista volvió de nuevo
las cosas al estado anterior. En 1820, y durante el trienio liberal, se volvió
a reponer la vigencia de la constitución de Cádiz y la legislación sobre la
abolición de los derechos señoriales, siempre con la incertidumbre jurídica
de si el señorío era jurisdiccional o por el contrario territorial. La
invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, en 1823, con la consiguiente
derrota de los liberales, tornó de nuevo el problema a sus principios.
Con el regreso de los liberales y de la nueva constitución, se repuso en la
Ley de 26 de agosto de 1837 la vigencia de la abolición de los derechos y
de los señoríos jurisdiccionales, perdida en 1823. Advirtiéndose de forma
particular en ella que mientras no dictaminasen los tribunales competentes,
aunque se trata de señoríos jurisdiccionales y por lo tanto extingui-
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