Descarga completa - Institución Fernando el Católico

les, los campesinos deberían seguir pagando las viejas rentas feudales,
pero en caso de que se decidiera en los tribunales que eran territoriales,
deberían pasar los señoríos a ser propiedad libre y plena de los antiguos
señores. Todo ello provocó un nuevo alud de pleitos entre campesinos y
nobles, con sentencias que acabaron siendo en casi todos los casos favorables
a los señores.
El particular caso de Torres de Berrellén
Antonio Gascón Ricao
En 1838, al iniciar el estado español el expediente de abolición de los
derechos señoriales en contra del duque de Villahermosa, en el caso particular
de Torres, cuyo Ayuntamiento se había personado al principio del
mismo como parte beneficiaria de dicha abolición, y en contra de la
corriente general campesina, no tardaría mucho tiempo en cambiar de
idea, pasándose radicalmente al bando contrario, y apoyando sin reservas
al duque en su defensa personal por los títulos del señorío. Esta alianza,
que unía de hecho frente al estado partes tan dispares e intereses tan
antagónicos, se había plasmado de forma previa en una escritura de
pacto firmada por ambas partes el 17 de junio de 1839, y donde, en beneficio
del duque, la corporación municipal argumentaba los motivos por
los cuales éste no debería ser desposeído ni despojado de sus propiedades.
En el trasfondo de aquel documento subyacía el intento de negociación
llevado a cabo por el conde con el Ayuntamiento de Torres, sobre
la base de un total de 13 puntos. Puntos en los cuales transigieron de sus
mutuos derechos unos y otro, más en el caso del Ayuntamiento que en el
del conde, pero cuya firma y conformidad reportaría, como consecuencia
final, el que el Ayuntamiento de Torres aceptara el hacer renuncia
expresa a continuar en los pleitos que quedaban pendientes con la casa
ducal, retirándose de ellos como parte particular. Y éste fue el error. Ya
que en dicha concordia, el Ayuntamiento, en su afán por pactar algunas
mejoras de sus condiciones contractuales, reconoció de hecho la legítima
legalidad de la adquisición de las propiedades de los duques, y por
ello que éstos eran los dueños del terreno en que estaba comprendido el
término de Torres. Reconocimiento que con el tiempo el pueblo de
Torres pagaría bien caro. Finalmente, cuando en 1866 se dictó sentencia,
declarándose no haber lugar a la incorporación del señorío al estado, y
reconociéndose que el monte de El Castellar era un señorío territorial y
solariego, uno de los apartados de la misma también recogía explícitamente
que con ella no se habían prejuzgado los derechos que pudieran
tener, en dichos montes y sus terrenos, terceros, como era en el caso de
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