2002 Fianzas Primero - CNSF

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisdicción que
corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, a
que se hace cita en la fracción II, primer párrafo de este artículo, donde se hubiere
formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el
procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado
oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellada de la
misma; y
En el caso de que el término para inconformarse venza en un día inhábil para el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el plazo para presentar la
demanda de nulidad se prorrogará al primer día hábil siguiente.
V.- El procedimiento de ejecución solamente terminará por una de las siguientes causas:
a).- Por pago voluntario hecho por la afianzadora o el fiado;
b).- Por haberse hecho efectivo el cobro en ejecución forzosa;
c).- Por sentencia firme del Tribunal Fiscal de la Federación, que declare la
improcedencia del cobro; y
d).- Porque la autoridad que hubiere hecho el requerimiento se desistiere del cobro.
e).- Por transacción hecha entre el beneficiario y la afianzadora o el fiado.
Los oficios de desistimiento de cobro, necesariamente deberán suscribirlos los funcionarios
facultados o autorizados para ello.
Comentario.- El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas fue declarado
inconstitucional porque la Judicatura consideró que se transformaba la fianza en un crédito
fiscal.
Al respecto resultan relevantes los siguientes criterios:
“FIANZA. NUNCA PUEDE SER CREDITO FISCAL.
La obligación contractual que nace de un contrato de fianza no puede ser un impuesto, porque
no se ha fijado unilateralmente y con carácter de obligación general por el Estado. Tampoco es
un derecho en los términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, pues no es la
contra prestación requerida por el Poder Público en pago de servicios administrativos prestados
por él. No es tampoco producto, porque no es ingreso que percibe el Estado por actividades
propias o por explotación de sus bienes, ni es ingreso ordinario del erario a título de impuesto,
derecho, rezago o multa. Por tanto el pago derivado de un contrato de fianza no cae en
ninguna de las situaciones previstas por los cinco primero artículos del Código Fiscal de la
Federación; y por tanto, de acuerdo con los artículos 12 y 113 de la Ley de Instituciones de
Fianzas, debe concluirse que nunca una obligación contractual de tal carácter que se rige por el
derecho privado puede ser transformada en un crédito fiscal regido por el derecho público.” 86
86 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXVIII, página 352.
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