2002 Fianzas Primero - CNSF

“FIANZAS, ANTICONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS, 95, 95 BIS Y 130 DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE.
Los citados preceptos son anticonstitucionales porque cambian la naturaleza mercantil de las
obligaciones derivadas de un contrato de fianza, convirtiéndolas en créditos fiscales, cuando se
trata del cobro de una fianza otorgada a favor del Estado; y el legislador ordinario carece de
facultades para modificar las instituciones jurídicas establecidas y cuya existencia supuso el
constituyente al admitirlas en nuestra Carta Magna, porque se está en presencia de una
obligación puramente contractual que por su esencia y naturaleza jurídica repugna y excluye
los caracteres que identifican el crédito fiscal; porque, además, los aludidos dispositivos legales
al quitar competencia a los tribunales residentes en las jurisdicciones de cada Estado para
conocer de los juicios a que den lugar las obligaciones derivadas de un contrato de fianza,
implican una invasión a la soberanía de dichos Estados.” 87
“FIANZA, ORIGINA CREDITO MERCANTIL Y NO FISCAL.
El argumento esencial consistente en que el legislador está en aptitud de dictar normas que
transformen una obligación mercantil en crédito fiscal, como en el caso, en que se trata del
pago de una fianza cuyo beneficiario es el Estado, sin que éste prive de defensa a la Compañía
Afianzadora. El argumento anterior no es suficiente para sostener la constitucionalidad de los
preceptos legales reclamados y decretos de 26 de diciembre de 1953. En primer lugar, porque
las recurrentes no indican, salvo su deseo pragmático de obtener el beneficio unilateral de la
celeridad en el pago por el uso de una vía propia de la soberanía del Estado, qué motivos
jurídicos son los que han de prevalecer para hacer que las fianzas otorgadas a favor del Estado
deban de hacerse efectivas en una vía privilegiada, cuando en tales casos el propio Estado no
interviene como autoridad, sino como mero beneficiario de una pura relación contractual. En
segundo lugar, porque las facultades otorgadas por la Constitución al legislador ordinario para
dictar norma sobre las constituciones jurídicas establecidas y cuya existencia supone al
legislador constituyente, no abarcan las de trastornar la naturaleza de dichas instituciones, esto
es, la facultad de desnaturalizarlas, ni las de sustituir por otros sus elementos esenciales.
Acontece que mediante una simple declaración legislativa se pretende cambiar una obligación
contractual de naturaleza mercantil en un crédito fiscal, lo cual contraría nuestro pacto
fundamental, que sólo autoriza al H. Congreso de la Unión para legislar en materia de
comercio, es decir, para la promulgación de leyes encaminadas al mejor régimen normativo de
los actos, problemas o situaciones de tal naturaleza; pero no para cambiar la esencia jurídica
de los actos, ni para darles un doble carácter reconociendo que para los particulares sean de
derecho privado y declarando que para el Estado lo son de derecho público (...). En tercer lugar
es de advertirse que nos encontramos en presencia de una obligación puramente contractual,
que por su esencia y naturaleza jurídica repugna y excluye los caracteres que identifican al
crédito fiscal. El que nace de un contrato de fianzas no puede ser un impuesto, porque no ha
sido fijado unilateralmente y con carácter de obligatorio por el Estado, y menos comprende una
situación jurídica en la que se encuentre un indeterminado número de personas. Tampoco es
un derecho en los términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, pues no es la
contraprestación requerida por el Poder Público en pago de servicios administrativos prestados
por él. No se está en presencia de un producto, porque tampoco es un ingreso que percibe el
Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho
público o por la explotación de sus bienes ni menos se trata de algún ingreso ordinario del
Erario Federal no clasificable como impuesto, derecho o producto, ni se trata de algún rezago o
87 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXXI, página 551.
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