REVISTA PESCA JUNIO 2015

PER sobre la situación de otra contribuyente inscrita en
la nómina enviada por el SII a la Fiscalía el pasado jueves
2 de abril: Pamela Cristina Campos Joost. Ella emitió
boletas para SQM por un total de $9,2 millones y figura,
en paralelo, cobrando honorarios a la Pesquera El Golfo.
No es el único pago que la vincula con este rubro: también
entregó boletas a Asipes (Asociación de Industriales
Pesqueros). Sus nexos con el mundo políticos son múltiples:
ha recibido pagos de la Fundación Jaime Guzmán,
de la UDI, de la Municipalidad de Recoleta (alcaldía que
hasta 2012 estuvo en manos de la UDI), de la Universidad
del Desarrollo (en cuyo control participan los dueños
del Grupo Penta, el ex ministro Joaquín Lavín y la familia
del ex presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva).
Pamela Campos Joost también prestó servicios a Bancard,
la sociedad de inversión del ex presidente Sebastián
Piñera: aparece como proveedora de servicios en la
campaña electoral del ex mandatario en 2009, el mismo
año en que boleteó para SQM y Pesquera El Golfo.
Aunque en Blumar no respondieron si en la contabilidad
histórica de Pesquera El Golfo aparecían honorarios pagados
a Pamela Campos Joost, en la Asociación de Industriales
Pesqueros (Asipes) sí confirmaron que pagaron
por sus servicios. La Asipes no detalló qué tipo de
trabajos encomendó a Pamela Campos Joost. En una
declaración que hizo llegar a CIPER, esa agrupación gremial
informó de manera genérica que ―Asipes le solicitó
una tarea que fue ejecutada y que era necesaria, en su
oportunidad, para el correcto desarrollo de las labores de
esta asociación gremial‖.
En el mismo mensaje, la Asipes confirmó que también
pagó honorarios a los abogados Sebastián Prat Panatt y
Alfonso Mora Domínguez, quienes también figuran en la
nómina de contribuyentes que boletearon para SQM y
que Impuestos Internos hizo llegar a la Fiscalía. Ambos
profesionales rehusaron conversar con CIPER.
Sobre los trabajos que encargó a Prat y Mora, la Asipes
también fue escueta y genérica: ―Los abogados Alfonso
Agustín Mora Domínguez y Sebastián Prat Panatt han
prestado servicios a este gremio, conforme a las tareas
encomendadas‖.
Alfonso Mora Domínguez tiene, además, un vínculo familiar
con el ex ministro Pablo Longueira: es hijo de María
Domínguez Longueira, prima del histórico líder de la
UDI. Y también ha cobrado honorarios al Centro de Estudios
Nueva Minería, la sociedad comercial del ex diputado
y socio de Longueira, Cristián Leay.
Respecto de los pagos que hizo Asipes a Pamela Campos,
Sebastián Prat y Alfonso Mora, la asociación informó
que en total sumaron $11,3 millones, monto que calificó
como ―absolutamente acorde a los servicios profesionales
recibidos‖.
Otro nombre que figura en la nómina entregada por el
SII a la Fiscalía y que está relacionado con Longueira y
con el rubro de la pesca es el de José Carlos Feres Ducci,
quien recibió $12 millones de SQM. Su padre es Carlos
Feres Rebolledo, quien presidió la Empresa Portuaria de
Talcahuano y fue el asesor de Longueira en el Ministerio
de Economía que encabezó las negociaciones para tramitar
la Ley de Pesca.
CORPESCA: NUEVO NEXO CON MARTA ISASI
No es esta la primera vez que la empresa del Grupo Angelini,
Corpesca, se ve envuelta en una investigación referida
a financiamiento ilegal de la política. En mayo de
2013, CIPER informó que Georgio Carrillo, el ex jefe de
gabinete de la entonces diputada por Iquique Marta Isasi,
admitió haber recibido pagos de Corpesca por asesorías
ficticias y que ese dinero ($25 millones) estaba destinado
a la parlamentaria (vea el reportaje de CIPER ―Ex
asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca
para financiar campañas políticas‖).
Un año antes, en julio de 2012, la Cámara de Diputados
había aprobado los cambios a la Ley de Pesca que promovía
el ministro de Economía, Pablo Longueira. Los votos
de Marta Isasi favorecieron las posiciones que defendía
la industria. CIPER acreditó que durante la tramitación
de la norma la diputada recibió una minuta de 21
páginas del entonces gerente de Corpesca, Francisco
Mujica, donde le explicaba cómo se debía defender los
intereses de las pesqueras (vea el reportaje de CIPER:
―Ley de Pesca: juicio por cohecho amenaza con quitar
anonimato de aportes privados de campaña‖).
Los reportajes de CIPER incluyeron las declaraciones del
gerente general de Corpesca, Francisco Mujica Ortúzar,
quien admitió el pago de los $25 millones a Georgio Carrillo
y confirmó que su empresa también había hecho
aportes reservados, a través del Servel, a la campaña de
Marta Isasi. En sus declaraciones, Mujica reconoció que
su compañía también había aportado, a través de la vía
legal del Servel, a ―muchos más‖ candidatos. Este fue
parte del diálogo que sostuvo con CIPER:
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