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Revista 64 - Aproin

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39aproincualquier sorpresa puede echar abajocualquier operación. Si esta es lasituación real, que sospechamos quesí, ni se va a promover ni se llevaráa cabo vivienda protegida. Como representantesvecinales, nuestro objetivoes conseguir uno de los derechosbásicos de la Constitución Española,el derecho a una vivienda digna.Juan Manuel Fuentes: La situaciónactual precisa de cambios de mentalidad,y de ello no es ajena la determinaciónentre propiedad o alquiler.Carlos Cao: Ha de haber viviendacarlos caoen el mercado, tanto social, comoprotegida, pero todo ello pasa porredefinir muchas cosas.Juan Manuel Fuentes: El caso deVigo, ¿es distinto?.Miguel Font: Si, por ser el únicoayuntamiento grande que tiene elPGOM aprobado y en unas proporcionesabsolutamente desproporcionadase irrealizables.Fernando Mallo: sólo debería habervivienda protegida en las grandesciudades, ya que no tiene sentidoque en una ciudad pequeña o enun pueblo, donde los precios de laslibres son muy parecidos, que hayaque gravar los desarrollo con obligatoriedadde un tipo de vivienda quehipoteca todo lo demás, que tienecantidad de limitaciones y por tantoexentas de clientela.Carlos Cao: En Oia, por poner unejemplo, con una única promoción devivienda protegida, se cubriría todala demanda real y solvente de todaaquella comarca.Fernando Mallo: Se trata de unasunto al que no se le pueden aplicarlos mismos porcentajes, ya que hayzonas de mayores necesidades queotras.Javier Garrido: En este sentido,sólo se hará lo que, via modificaciónpuntual, sea factible realizar.Fernando Mallo: La situación enVigo es de pistola en la sien, puestal y como se propuso en la reformallevada a cabo in extremis en el Plan,era de tomarlo o dejarlo sin entrar arazonar absolutamente nada, y ahora,la consecuencia es evidente.Miguel Font: Lo peor de todo estoes que para arreglarlo, no valen nicortos, ni medios plazos, ya que alno haberse traspasado todas lascompetencias a las Comunidades,las remanentes del Estado hacen quepese una obligación nacional de reservade un 30% para este tipo de viviendas,que el fundamentalismo deltripartito elevó al 40% en Galicia. Deesta forma, el asunto pasa por transferiresa competencia a las Comunidades,abolir el Ministerio de Viviendapor falta de contenido, y a partirde ahí, que cada Comunidad legislemás convenientemente, consiguiendode la Xunta la eliminación de laobligatoriedad y, entonces, modificarlos planes aprobados. Legalmenteno existe otro camino. Para el casode Vigo, y tal y como está actualmentela ley, existe una posible reformadel Plan, muy parecida a lo tramitadoantes de que el personaje que ocupala alcaldía metiera la pata, ya quela norma te permite que aun cuandoel porcentaje entre suelo urbano noconsolidado y urbanizable ha de llegaral menos al 40%, puede ello hacerseno siendo inferior al 20% en lossuelos urbanos no consolidados, locual ayudaría bastante al desarrollodel Plan, ya que con condicionantessimilares, se adquirieron los sueloscon anterioridad a la aprobación delPlan, al menos en suelos urbanos noconsolidados. Esta es la única salidaa medio plazo, es decir si cambiadentro de un año la Corporación. Sisigue la misma en un futuro, y el personajeen cuestión no baja del burro,que no bajará, en materia de urbanismoy vivienda, el futuro de Vigo se meantoja más negro que el carbón.Antón Sánchez: En cuanto a losprecios, siendo un derecho constitucional,como producto de mercado,no debería significar un endeudamientodel adquirente por encima deunos máximos establecidos en funcióndel salario mínimo, de manera

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