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por redes sociales, exponiendo públicamente a las personas del colectivo Yasunidos. Esta situación generó miedo ytemores en algunas de las personas que aparecían en el informe así como en el resto de miembros del colectivoYasunidos, lo que ocasionó la suspensión de la actividad recolectora en algunos de los puestos.3) Procesos judiciales a mujeres activistas y dirigentes indígenasProcesos legales frente a líderes y lideresasEl Gobierno ecuatoriano ve la protesta social como un problema de seguridad, no como un derecho democráticode la ciudadanía. Hoy en día quienes llevan a cabo acciones de protesta social son acusados con demandas porsabotaje y terrorismo. A pesar de las conquistas constitucionales en relación a los derechos colectivos y de lanaturaleza, quienes se han dedicado a defender la vigencia constitucional y sus derechos ancestrales, han sidoenjuiciados y se les ha abierto investigaciones por delitos como la amenaza, sabotaje y terrorismo, o paralizaciónde servicios públicos. Una coincidencia de estas acciones es la gravedad de las infracciones y la dureza de lassanciones.Destaca en algunos de estos casos que condenas y sentencias no son establecidas por investigación judicial imparcialsino que responden a llamados y directrices establecidas por el Presidente de la República, Rafael Correa, en susenlaces ciudadanos con el objeto de aminorar acciones de oposición y rechazo a las actividades extractivas y petrolerasque contradicen con las reivindicaciones constitucionales. Este es el caso de lo acontecido el 28 de Noviembre de2013. La XI Ronda de licitación petrolera se considera un fracaso (La Hora, La ronda petrolera fracasó, según indígenas,2013), pues de los 13 bloques ofertados, sólo 3 recibieron propuestas y siempre de bloques colindantes con otros enoperación. Mientras la Ronda de licitación se presentaba, a la entrada del hotel dónde se realizaba la apertura deofertas, colectivos de personas y organizaciones se convocaron a la entrada para hacer una zapateada por el Yasuníy un acto pacífico de protesta que incluía teatro y tambores.Sin embargo, el evento fue presentado en el enlace ciudadano emitido dos días después como un acto de violenciasin precedentes contra ONGs, organizaciones sociales y personas. En ese mismo enlace ciudadano se señalanpúblicamente a dirigentes indígenas, que habían acudido a la Secretaría de Hidrocarburos para entregar una carta quepedía que previamente se realice la consulta previa y demostrar que los supuestos dirigentes que acompañaban a lasautoridades nacionales a este acto, no tenían el apoyo de las bases indígenas ni tampoco habían sido elegidos comosus representantes. También se señala públicamente en este enlace ciudadano a activistas y organizaciones socialesque participaban en la zapateada, aparecen los rostros de las personas, con fotos y sus nombres, vulnerando el derechoa la intimidad y generando una estigmatización pública de quienes participaban del evento.59