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1993
El máximo tribunal sentenció a Pérez
además a “restituir, reparar el daño
o indemnizar los perjuicios inferidos
al patrimonio público por esa
malversación”.
El ex ministro Reinaldo Figueredo
Planchart, fue condenado a 2 años
y 4 meses de prisión; a diferencia de
CAP es menor de setenta años, por lo
que no le corresponde el beneficio de
tener casa por cárcel.
Figueredo está obligado a restituir los
daños causados al patrimonio público
y además le fueron acordadas las penas
accesorias contempladas en el artículo
104 de la Ley Orgánica de Salvaguarda.
Éstas son: el pago de las costas procesales,
inhabilitación política por el tiempo
que dure la condena y, una vez que culmine
ésta y por un tiempo igual a la misma,
la inhabilitación para ejercer cargos
o funciones públicas.
La razón por la cual Figueredo fue inhabilitado
políticamente y Pérez no,
radica en el hecho de que la legislación
venezolana contempla penas accesorias
solamente para los condenados a prisión
y presidio, no para los sentenciados a
arresto, como es el caso de CAP.
Ambos procesados fueron absueltos
de los cargos que por peculado doloso
formularon en su contra el Fiscal General
de la República y el acusador pri-
5
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Cronología
de una implosión
Junio
vado, Omar Mezza Ramírez, porque
“no quedó demostrado el cuerpo
del delito”.
El ex ministro de Relaciones Interiores,
Alejandro Izaguirre, a pesar de haber
recibido un indulto del presidente Rafael
Caldera, fue sentenciado por su
responsabilidad civil en el caso y condenado
también a la restitución, reparación
o indemnización de los daños
causados al patrimonio público.
La CSJ acordó enviar una copia certificada
de la decisión a un Tribunal de
Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda
del Patrimonio Público para
que establezca las posibles responsabili-
1993
Comienza el gobierno transitorio
de Ramón J. Velásquez
El historiador y político Ramón J. Velásquez toma posesión como Presidente
de la República y se abre un período electoral. El 31 de agosto fue
ratificado cuando se produce la destitución de Carlos Andrés Pérez.
El Comité Nacional de Copei decide expulsar a Rafael Caldera del partido.
7 La decisión responde a la determinación del líder socialcristiano de lanzar
su candidatura presidencial al margen de la organización que creó en 1946
y por fundar Convergencia.
dades que en el caso pudieron tener José
Vicente Rodríguez Aznar, ex vicepresidente
del Banco Central de Venezuela,
y Rafael Rivas Vásquez, ‘coordinador o
asesor’ de la misión policial que se envió
a Nicaragua en 1990.
La magistrada Cecilia Sosa Gómez
afirmó que la comisión del delito de
malversación por parte de los condenados
está ‘plenamente comprobada’,
pues se determinó que fondos
que debían gastarse dentro del país se
usaron en el envío de la misión policial
a Nicaragua.
La condena a CAP no fue unánime.
La ponencia de Luis Manuel Palís, modificada
sobre la base de las observaciones
recibidas, obtuvo el voto salvado
de: Hildegard Rondón de Sansó, Aníbal
Rueda, Alfredo Ducharne Alonzo
y Rafael Alfonzo Guzmán.
Gonzalo Pérez Hernández,
31 quien formó parte de la comisión
investigadora del caso de los 250
millones de bolívares, consideró que
la sanción, de tan sólo dos años y cuatro
meses para CAP, beneficia a éste,
porque no lo inhabilita políticamente.
“Debemos respetar el pronunciamiento
de la CSJ, pero evidentemente
que CAP no fue condenado
por el tiempo que debía ser’’.
Las explosiones
Durante los meses que duró “la encargaduría” del historiador,
se registraron sucesos de magnitud nunca antes
ocurridos en el país; la sociedad venezolana por primera
vez enfrentó el fenómeno del terrorismo urbano. Se destacan
los casos de las explosiones de consideración registradas
en diversos puntos de la ciudad.
1993
Julio
30
Estalla un explosivo en la puerta del edificio
donde se encuentra la embajada de Colombia,
en Campo Alegre.
Estalla una bomba de alto poder en la puerta
31 de Fedecámaras, organización que agrupa a las
federaciones de la industria y el comercio en Venezuela.
Agosto
3
Ramón J. Velásquez, en declaraciones dadas en el
acto de celebración de los 50 años del diario caraqueño
El Nacional, dijo a la prensa que no apelaría al
mecanismo de suspensión de garantías constitucionales.
Ante los rumores de desestabilización impulsados
por los actos de terrorismo, el Presidente recuerda que
las investigaciones están en manos de los cuerpos de
seguridad del Estado.
En la sede del Ministerio de Relaciones Interiores,
7 Carlos Delgado Chapellín, rodeado del ministro de
Justicia y de los directores de la Policía Técnica Judicial
y de la policía política Disip, informa la solución del
caso de los sobres bombas: ex funcionarios policiales
eran los responsables.
Se produjeron disparos contra la sede del Congreso
10 Nacional. E! vehículo oficial del presidente de la
Cámara de Diputados resultó con perforaciones de bala.
Es detenido el ex funcionario policial comisa-
13 rio López Sisco, quien también fue señalado de
ser responsable de las masacres de Yumare, Cantaura y
El Amparo.
Un vehículo cargado de explosivos es detonado, en
18 horas del mediodía, dentro del estacionamiento del
centro comercial más grande de la capital, CCC Tamanaco.
“Ese mismo día los precios internacionales de la deuda venezolana
bajaron de cotización, el bolívar sufrió una devalua-
Los casos que estremecieron
ción importante ante el dólar y las tasas de interés overnight
de crédito interbancario subieron de forma sensible”. 11
Posteriormente el Gobierno anuncia que tras las bombas
de CCCT y de la PTJ estarían vinculadas personas del
sector financiero. Inicialmente los representantes de la
banca reaccionan ofendidos, y días después se inician
las detenciones y allanamientos a diversas personas relacionadas
con el mundo de los negocios de la Bolsa de
Caracas y personas ligadas a la farándula como responsables
de los actos de terrorismo. Por este caso fueron
procesados, Ramiro Helmeyer, Walter del Nogal y
Thor Halvorssen.
Un artefacto hace explosión en la sección de la
23 PTJ dedicada a las investigaciones sobre vehículos
robados, en El Rosal.
1997
Diciembre
17
Ramiro Helmeyer, preso por la explosión del automóvil
en el CCCT, hace 4 años, señaló que el juez
que lo condenó, en la sentencia, dijo que todo era un complot
para acabar con el sistema democrático. Consideró
que su caso es político por cuanto existía un proyecto
de “golpe seco” contra el gobierno del presidente Velásquez.
Entre sus cómplices mencionó a funcionarios de
la Disip, PTJ, militares y agentes de la CIA. 12
1998
Febrero
17
1993
Ramiro Helmeyer, condenado a 30 años de prisión,
desde la cárcel de Tocuyito, cinco años después,
declara al periodista Gustavo Rodríguez, de El Universal,
algunos aspectos de estos atentados.
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de una implosión