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1995
Febrero
26
Miembros del grupo guerrillero
colombiano Ejército de Liberación
Nacional (ELN) realizan un
ataque contra el puesto fluvial Alférez
de Fragata Manuel Echeverría, ubicado
en la localidad de Cararabo, estado
Apure, en las orillas del río Meta a 300
kilómetros de Puerto Páez. El ataque
en contra del puesto militar venezolano
se produce a la medianoche, cuando
la columna guerrillera de 100 individuos
ataca a los 32 infantes de marina
que formaban el puesto fluvial. La mayoría
del personal estaba durmiendo y,
a pesar de lograr rechazar el ataque, 8
jóvenes militares perdieron la vida y
cinco resultaron heridos. 4
“En los días que siguieron, la Marina
detuvo a 24 personas residentes en el
área, acusándolas de haber estado involucradas
en el ataque; sin embargo,
todas ellas salvo una fueron puestas
en libertad sin cargos en el curso de
las dos semanas siguientes. Muchos
de los detenidos habrían sido sometidos
a torturas o malos tratos, tales
como ser golpeados con peinillas,
simulacros de ejecución, intentos de asfixia con bolsas
de plástico colocadas en la cabeza y quemaduras, además
de amenazas de muerte. Entre ellos se encontraban
dos menores de 14 y 17 años que habrían resultado con
fracturas en las piernas, además de otras lesiones, y una
mujer embarazada que habría perdido su bebé como resultado
del trato recibido. Según testigos, uno de los detenidos,
Juan Vicente Palmero, falleció a consecuencia
del trato recibido pero su cuerpo no ha sido localizado.
El Director de la Oficina de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la República se desplazó a Puerto
Ayacucho, estado Amazonas, el 10 de marzo de 1995
con el objeto de entrevistarse con los afectados, habiendo
posteriormente hecho declaraciones a la prensa en
las que afirmaba haber observado en ellos las señales de
tortura. Varios días más tarde el ministro de Defensa ordenó
abrir una investigación. Investigaciones efectuadas
por el juez militar de instrucción de Puerto Ayacucho
desembocaron en la detención de cuatro miembros de
la Marina en relación con la desaparición de Juan Vicente
Palmero. En el momento de redactar el presente
informe el expediente se encontraba en el Consejo de
Guerra Permanente de Maracay. El ministro de Defensa
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Cronología
de una implosión
Masacre de Cararabo
y el Presidente de la República aseguraron
al Relator Especial que este
caso no quedaría impune” 5
Amnistía Internacional, en su Informe
denominado “Venezuela: el llanto silencioso:
graves violaciones de derechos
humanos contra niños”, de octubre
de 1997, señala:
“En marzo de 1995, infantes de marina
de la base naval de Cararabo, estado
de Apure, torturaron a dos menores
delante de dos profesionales
de la salud -posiblemente médicos-
en otro caso en el que se han visto
implicados miembros de las fuerzas
de seguridad que aparentemente estaban
realizando operaciones antiterroristas
en la zona fronteriza(16).
Ambos niños sufrieron fracturas y
a uno de ellos lo marcaron con un
trozo de madera ardiendo.
Kevys Wilfredo Palmera y Francisco
Javier Beltrán fueron arrestados,
junto con Juan Vicente Palmero, el
26 de febrero en la base naval. Según
informes, les propinaron golpes
y patadas mientras yacían en el suelo a pleno sol. Kevys
Palmera fue presuntamente golpeado con objetos
afilados. Fue sometido a semiasfixia con una bolsa de
plástico en la cabeza y le metieron tierra en la nariz y
en la boca, de forma que no pudiera respirar. Lo amenazaron
de muerte y le mostraron el cuerpo de Juan
Vicente Palmero, quien desde entonces se halla «desaparecido».
Francisco Beltrán fue golpeado con palos
y cascos, y quemado con una antorcha. Los infantes
de marina también sometieron a los dos adolescentes
a tortura psicológica, diciéndoles, según informes,
que les esperaba el mismo fin que a Juan Vicente Palmero,
quien, según informes, murió bajo tortura.
(…) Los dos menores quedaron gravemente afectados
por las torturas a las que fueron sometidos, y
sufrieron depresión profunda, tartamudeo y palpitaciones.
Que Amnistía Internacional sepa, todavía no
se ha juzgado a nadie por estas atrocidades”. 6
Marzo
12
La revista colombiana Cambio 16, relacionando
a Hugo Chávez con el ataque, publica: “El ex rebelde
retirado, coronel venezolano Hugo Chávez es
mencionado hoy por supuestos nexos con los guerrilleros
colombianos del ELN que asesinaron recientemente
a ocho infantes de marina de Venezuela, según
informaciones atribuidas a los servicios de inteligencia
y una alta fuente gubernamental”.
Despachos de AP y AFP de Bogotá indican: “El
15 presidente Ernesto Samper Pizano envió ayer a su
homólogo venezolano Rafael Caldera, un informe de inteligencia
sobre actividades del teniente coronel golpista
Hugo Chávez que lo vinculan con la guerrilla colombiana
del ELN”.
1996
Enero
31
1995
Abril
18
Un juez militar dicta auto de detención en contra
de los oficiales que estaban a cargo del puesto flu-
“La semana pasada, con la inscripción y negociación
en la Bolsa de Valores de Caracas de los títulos-valores
llamados Brady, salió a la superficie lo que –por sus antecedentes
y proyecciones– puede llegar a ser otro triste episodio de la
historia de los empréstitos venezolanos (…).
La cuestión más importante está en los antecedentes de los
Bonos “Brady” (…), a la renegociación de la deuda externa
firmada en 1986 y los acuerdos de diciembre de 1990, que convirtieron
parte de ella en bonos “Brady”. Se llegó después de
medio siglo de enormes ingresos petroleros, logrados para el
Tesoro a partir de las Leyes de Hidrocarburos y del Impuesto
Sobre la Renta en 1943.
En los diez años, de 1974 a 1984 (…), los gobiernos dispusieron
de los mayores ingresos fiscales de toda nuestra historia
(…). Entre ambos (se refiere a los gobiernos de Carlos Andrés
Pérez y Luis Herrera) dispusieron de más de 233 billones de
dólares. (De 1900 a 1957, de Cipriano Castro a Pérez Jiménez,
dispusieron de 72.1 billones de dólares) (…). Y sin embargo
la gestión de esos 10 años dejó una colosal deuda, un aparato
productor artificial y un parasitismo burocrático corruptor del
cual los gobiernos de los últimos 10 años no han podido o no
han querido zafarse (…).
En 1982 el 82% de los ingresos petroleros eran necesarios para
pagar el servicio de la deuda (…), en 1983 el desorden de la
deuda era tal que sólo fue a mediados de ese año cuando se
vino a saber, por boca de los acreedores, que el 75% de los
vial para el momento del ataque: teniente fragata, Gerardo
Mario Rodríguez Terán; alférez de navío, Henry Javier
Gamarra y el maestre técnico II, Andrés Romero Silva. La
decisión se basó en que incurrieron en los delitos de “negligencia
y abandono del servicio” previsto en el artículo 539
del Código de Justicia Militar.
Octubre
18
Caso Bonos Brady
Por negligencia del Gobierno venezolano quedaría
impune el crimen de Cararabo, donde resultaron
masacrados ocho infantes de Marina y cuatro fueron
gravemente heridos. La advertencia la hizo el diputado
de Copei Javier Pulido, quien mostró documentos probatorios
de la falta de diligencia de la Cancillería venezolana,
en los cuales autoridades judiciales colombianas
solicitan evidencias sobre la matanza para establecer las
responsabilidades de los implicados.
vencimientos era entre ese año y 1986 (…). Ése es el origen de
los Bonos Brady.
En Diciembre de 1990, 18 mil millones de dólares de la
deuda fue consolidada y reconvertida en títulos valores de
cinco tipos (…).
En 1994 se desató el sismo estructural del sistema “Tinoco” diseñado
para desembocar en el desastre. El gobierno de Caldera
no entendió la crisis y los remedios que aplicó acentuaron los
males (…), desembocando en un cataclismo bancario (…). En
agosto se vio obligado al control de divisas (…).
En ese escenario surge la idea de vender Bonos “Brady” en
bolívares en la Bolsa de Caracas, ello equivale a legitimar la
existencia de un mercado paralelo, otro traspiés de la irracional
incoherencia (…)”. 9
1997
Febrero
13
1995
“El fiscal general, Iván Darío Badell, emitió un fallo en
el cual exime de culpas a quienes realizaron la operación
de los bonos Brady (...). Esta operación fue cuestionada por el
Congreso de la República en forma unánime, la Comisión de
Contraloría, la Cámara de Diputados, acordaron que la operación
fue ilegal porque no contó con la aprobación previa, como
lo establece la ley. Entonces, se dijo que se había cometido el
delito de malversación y se le había ocasionado a la República
un daño patrimonial de 4.500 millones de dólares. La opinión
del fiscal no compromete la conducta de la Corte Suprema,
donde se ha hecho una demanda porque los abogados consideran
que se le hizo un gravísimo daño al patrimonio”. 10
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Cronología
de una implosión