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El bipartidismo adeco-copeyano
se mantuvo en las elecciones del
4 de diciembre de 1988. Apoyado
en la esperanza de un retorno a la
bonanza de su primer período, Carlos
Andrés Pérez logró un segundo
triunfo en las urnas electorales.
El 2 de febrero de 1989, asume la
presidencia en una ostentosa ceremonia
celebrada en el Teatro Teresa
Carreño. “No vengo a disfrutar del
poder y sus vanaglorias”, asegura en
el discurso de asunción, tras anunciar
un nuevo modelo de desarrollo
“encaminado a sincerar la economía
y eliminar elementos artificiales”. En
realidad, hacía referencia a un modelo
impuesto por el Fondo Monetario
Mundial (FMI) y el Banco Mundial.
El anuncio del llamado “paquete
económico”, concebido para generar
cambios sustanciales en la economía
del país, contemplaba una serie
de medidas de aplicación gradual,
aunque en plazos relativamente breves.
Entre las acciones inmediatas,
figuraba asistir al FMI para someterse
a un programa que le generaría al
país inmensas deudas en los 3 años
siguientes. Se impulsaría también la
privatización de empresas consideradas
no estratégicas y la liberación
de las tasas de interés de todo el sistema
financiero nacional.
Tras el anuncio del “paquete económico”,
el gremio de transportistas
protestó el porcentaje de incremento
de tarifas y exigió que éste se aumentara.
La Cámara de Transporte convocó
a un paro para el 27 de febrero
(fecha decretada para el aumento),
y en la víspera de la paralización, el
Ministro de Energía y Minas anuncia
alzas del precio de la gasolina y hace
caso omiso a las peticiones de los
transportistas.
El 27 de febrero, los conductores
de las rutas interurbanas (trayecto
Guarenas-Caracas) pretendieron
imponer sus tarifas y desconocer el
medio pasaje estudiantil. Los usua-
rios reaccionaron con indignación, lo
que derivó en hechos violentos.
La violencia se fue incrementando
rápidamente y ciudadanos de sectores
medios y populares pronto protagonizaron
saqueos y la destrucción
de locales comerciales, desde
pequeños abastos hasta automercados.
Pronto ocurrirían reacciones
similares en diversos sectores de
Caracas y encontraría réplicas en
Maracay, Valencia, Barquisimeto,
Mérida y Ciudad Guayana.
En Consejo de Ministros, el Presidente
decide reprimir las manifestaciones
con la Guardia Nacional y el
Ejército y decretar estado de emergencia.
Se estableció toque de queda
en todo el territorio de la República y
se suspendieron las garantías constitucionales.
Hubo un aproximado de 2 mil personas
desaparecidas entre el 27 y
28 de febrero. Por tal motivo, durante
las semanas y meses posteriores
a lo que se denominó “el Sacudón”
o “el Cacarazo”, ocurrieron numerosas
manifestaciones en contra del
crecientemente impopular gobierno
de CAP, lo que comenzó a agrietar
la gobernabilidad del país e inició lo
que sería la caída definitiva de la IV
República. A pesar de la voz del pueblo
contra la masacre y las medidas
que la originaron, el Ejecutivo Nacional
ratificó la aplicación del “paquete
económico”.
Tras la implementación de las
medidas impuestas por el FMI, la
situación del país fue en franca desmejora.
Tan sólo durante el segundo
año de gobierno de CAP (1990), se
registraron 542 protestas y manifestaciones.
En el segundo semestre
de 1991, las clases de educación
básica y diversificada fueron suspendidas
durante varias semanas por incremento
de las manifestaciones estudiantiles,
hechos que provocaron la
muerte de varios estudiantes. Mientras
tanto, varios organizaciones in-
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Cronología
de una implosión