LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

12 Asociación Pro Derechos Humanos de España
cedural Rights Roadmap), adoptada en 2009, las instituciones de la UE han examinado
las cuestiones derivadas de la protección inadecuada de los derechos procesales en el
contexto del reconocimiento mutuo, tales como las dificultades derivadas de la aplicación
de la Orden de Detención Europea. Tres directivas de los derechos procesales
(actos jurídicos que obligan a los Estados miembros crear disposiciones nacionales que
permitan lograr los objetivos esbozados) ya han sido adoptadas: la Directiva sobre
Interpretación y Traducción (2010/64/UE), la Directiva sobre el Derecho a la Información
(2012/13/UE), y la Directiva sobre el acceso a un abogado (2013/48/UE). Tres
medidas adicionales –están actualmente en negociación– sobre la asistencia jurídica, las
salvaguardas para los niños y la presunción de inocencia y el derecho a estar presente
en el juicio.
La Hoja de Ruta (Procedural Rights Roadmap) también incluyó la tarea de examinar las
cuestiones relativas a la detención, entre ellas la prisión provisional, a través del Libro
Verde (Green Paper) publicado en 2011. Con base en la experiencia de su trabajo en
casos y con la aportación de su Grupo de Expertos Jurídico-Consultivo (LEAP), Fair
Trials respondieron al Libro Verde (Green Paper) en el informe “Detenido sin juicio” y
destacó la necesidad de una legislación de la UE ya que los derechos fundamentales son
vulnerados en el proceso de solicitud y adopción de la prisión provisional. En las posteriores
reuniones de expertos, en 2012-2013, en Amsterdam, Londres, París, Polonia,
Grecia y Lituania, se afirmó que los problemas en los procesos de toma de decisiones
pueden influir en el uso excesivo de la prisión provisional. Pero hasta la fecha, no se ha
tomado ninguna acción legislativa con respecto al fortalecimiento de los derechos de los
sospechosos que se enfrentan a una prisión provisional. De manera que la Comisión
Europea está llevando a cabo una evaluación del impacto de la prisión provisional en la
Unión Europea, que se espera sea clarificado con los informes de este proyecto de
investigación.
2. Normas regionales
Los estándares regionales sobre el proceso de toma de decisiones en materia de prisión
provisional se contienen en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
(“CEDH”).
El artículo 5 (1) (c) CEDH establece que la detención de una persona puede efectuarse
con el fin de “hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan
indicios racionales de que ha cometido una infracción, o cuando se estime necesario para
impedirle que cometa una nueva infracción o que se sustraiga a la acción de la justicia
después de haberla cometido”. Toda persona privada de libertad en virtud de las excepciones
establecidas en el artículo 5 “tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano
judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de
libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal” (artículo 5 (4) CEDH). El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desarrollado los principios generales sobre
la aplicación del artículo 5, que debe regir la toma de decisiones de la prisión preventiva y
reforzaría los derechos de defensa si se aplicasen en consecuencia. Estos estándares se han
ido desarrollando a través de una creciente jurisprudencia.