LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

44 Asociación Pro Derechos Humanos de España
La doctrina jurisprudencial española también se ha pronunciado en el sentido de la necesidad
de fundamentar las resoluciones en las que se dispone la prisión provisional, al tratarse
de resoluciones limitativas de derechos fundamentales. En este sentido, para que la
motivación se considere suficiente y razonable, es preciso que sea el resultado de la ponderación
de los intereses en juego (la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por
un lado; la realización de la justicia penal y la evitación de hechos delictivos, por otro).
Esta ponderación no puede ser arbitraria, sino acorde con el normal razonamiento lógico
y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional 73 .
Sobre este aspecto cabe destacar la STC 94/2001, de 2 de abril, que dice lo siguiente:
“Entre los criterios que este Tribunal ha considerado relevantes para el enjuiciamiento de
la suficiencia y razonabilidad de la motivación se encuentran, en primer lugar, las características
y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se amenaza y, en segundo
lugar, ‘las circunstancias concretas y las personales del imputado’. Ahora bien, este último
criterio puede no ser exigible en un primer momento, por no disponer el órgano judicial
de tales datos. Por ello se ha afirmado que, si bien en ese primer momento la medida de la
prisión provisional puede justificarse atendiendo a criterios objetivos, como la gravedad
de la pena o el tipo de delito, en un momento posterior el paso del tiempo obliga a ponderar,
no sólo si se han modificado estas circunstancias sino también las circunstancias
personales conocidas en ese momento” (FJ 6).
Por tanto, se debe exigir que en todas las resoluciones judiciales en las que se disponga la
prisión provisional se fundamenten suficientemente los motivos por los que se entiende
que concurre el riesgo de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas, de atentado a la víctima
o de reiteración delictiva. De forma que se ejerza un mayor y exhaustivo control por
parte de los tribunales superiores, reformando cualquier resolución judicial que no cumpla
con los estándares de motivación suficiente. En este mismo sentido el Consejo General
del Poder Judicial podría modificar su forma de incentivar el trabajo de los órganos
judiciales, favoreciendo la calidad de la toma de decisiones, por encima de la cantidad de
expedientes resueltos.
6. Independencia en el procedimiento decisorio
En relación con posibles directrices o instrucciones en el proceso de toma de decisiones,
los fiscales entrevistados afirmaron que para homogeneizar criterios al solicitar la prisión
provisional existen criterios a seguir, normas o sugerencias de sus superiores. En este sentido,
uno de los fiscales refirió que al incorporarse a su puesto le facilitaron como un
“libro de instrucciones” que, además de todas las circulares del fiscal jefe, contenía un
cuadro de elementos que se cruzaban y que proporcionan un resultado final: “pedir prisión”
o “no pedir prisión”. Sería recomendable que la Fiscalía hiciera publicos los criterios
que utiliza para solicitar la prisión provisional, para garantizar la transparencia. En el
caso de los jueces, 4 de los 5 entrevistados admitieron recibir presiones sobre sus decisiones,
procedentes de los medios de comunicación en casos de especial relevancia. Sin
embargo, tanto fiscales como jueces negaron haber cedido a órdenes o presiones que
73 (SSTC 60/2001, de 26 de febrero y 138/2002, de 3 de junio; STC 62/2005; STC 333/2006, de 20 de
noviembre, FJ 3).