LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

22 Asociación Pro Derechos Humanos de España
gieron juzgados de un mismo territorio (Madrid) para así poder observar si existían criterios
homogéneos a la hora de tomar decisiones. En algunos casos se pudo obtener más
información conversando con los jueces y, en menor medida, con los abogados.
Por tanto, se analizaron 55 expedientes y se observaron 12 casos ante los tribunales 52 .
El perfil demográfico de las personas investigadas en los 67 casos es el siguiente: todos
ellos de sexo masculino salvo 5 de sexo femenino, una amplia mayoría entre 30 y 40 años
de edad, más del 50% de origen español, un elevado porcentaje de extranjeros con residencia
en España, la mitad con relación de pareja y/o hijos, la mitad en situación de desempleo,
la mitad con antecedentes penales y un 20% consumidor de drogas. Sobre la
defensa legal de los detenidos, más de un 80% tuvieron abogados particulares. Y el delito
que motivó más detenciones fue el de tráfico de drogas (25%), seguido de homicidio y de
robo con violencia. En el examen de expedientes se ha detectado que el fiscal solicitó la
prisión provisional en el 80% de los casos mientras que en la observación ante los tribunales
el fiscal la solicitó en 9 de los 12 casos (75%).
52 De estos últimos, 11 correspondieron al momento en que se pone al detenido a disposición judicial para
tomarle declaración y, en su caso, celebrar la audiencia del 505 LECr, y 1 correspondió a un detenido
que ya se encontraba en prisión provisional y que fue puesto a disposición judicial para tomar una
decisión sobre la ratificación o no de la misma.