LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

VI. F o n d o e n e l p r o c e s o d e t o m a d e d e c i s i o n e s
s o b r e p r i s i ó n p r o v i s i o n a l
1. Introducción
Teniendo en cuenta la información recogida a través de las herramientas de investigación,
en esta sección se analizan los aspectos relevantes del proceso decisorio sobre la situación
personal del detenido, como la motivación de las resoluciones judiciales por las que se
adopta la prisión provisional. En primer lugar es necesario hacer referencia a la jurisprudencia
del TEDH.
El TEDH ha subrayado reiteradamente que los argumentos a favor y en contra de la
prisión provisional deben estar suficientemente motivados y no ser “generales y abstractos”,
y que la comisión de un delito es insuficiente para ordenar la prisión provisional,
con independencia de la gravedad del delito. En cuanto a riesgo de fuga, ha precisado
que la falta de residencia fija no es suficiente para acordar la prisión provisional. El
riesgo de reincidencia sólo se justifica si hay evidencia cierta del riesgo definido. Cualquier
garantía financiera fijada como condición para conceder la libertad provisional
debe tener en cuenta los medios económicos del imputado. El TEDH también ha manifestado
que el fiscal tiene la carga de probar que con una medida alternativa menos
lesiva no se alcanzarían los mismos fines que con la prisión preventiva. Y que la prisión
preventiva no puede prorrogarse sólo porque el juez espere que pueda ser impuesta una
sentencia condenatoria.
2. Requisitos legales. Excepcionalidad, subsidiariedad, proporcionalidad
En el ordenamiento jurídico español, la prisión provisional es de aplicación subsidiaria.
Así se establece en el artículo 502 de la LECr, que dispone lo siguiente:
• La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando
no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de
las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.
• Para adoptarla el juez tendrá en cuenta la repercusión que pueda tener en el imputado,
considerando sus circunstancias y las del hecho, así como la entidad de la pena
que pudiera ser impuesta.