LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

24 Asociación Pro Derechos Humanos de España
pruebas, evitar que pueda atentar contra la víctima o evitar la reiteración delictiva
(art. 503).
• Durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines para los que fue
adoptada, no pudiendo exceder, según el caso, de 6 meses, 1 año o 2 años de duración.
Aunque si la causa no pudiera ser juzgada en estos plazos, el tribunal podrá acordar
una sóla prórroga de 6 meses o de 2 años adicionales, según los casos (art. 504).
• El procedimiento para acordar la prisión provisional se regula en el art. 505. Esta
disposición establece que el detenido estará asistido de letrado, que si el fiscal o las
acusaciones solicitan la prisión provisional el abogado de la defensa podrá realizar
alegaciones y proponer medios de prueba, y que el juez sólo puede acordar la prisión
provisional si el fiscal o las partes acusadoras lo hubieran solicitado.
• Se regulan las siguientes medidas alternativas a la prisión provisional: pago de fianza,
comparecencia regular ante la autoridad judicial y prohibición de aproximarse a
ciertos lugares y a ciertas personas o a comunicarse con ellas (art. 529 y siguientes).
También contempla dos supuestos en que la prisión provisional puede ser sustituida:
en caso de grave enfermedad y de tratamiento de desintoxicación (art. 508).
• La prisión provisional puede ser revisada de oficio por el juez en cualquier momento
del procedimiento penal (art. 539). También tiene obligación de revisarla si se
cumple el plazo máximo legal de duración, para decidir si la mantiene o si dispone
la libertad. El abogado puede solicitar la revisión tantas veces lo considere necesario.
Además, ha sido incorporada la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo, relativa al derecho a la información en los procesos penales,
entrando en vigor el 28 de octubre de 2015 la modificación del artículo que regula el derecho
de defensa. Se trata del artículo 118 LECr, cuyas nuevas disposiciones contemplan el
derecho a la información, derecho de acceso a las actuaciones, derecho a la designación de
abogado y procurador, y derecho a la traducción e interpretación.
También, en aplicación de la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al
derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, el 28 de mayo de 2015 se ha
introducido un nuevo precepto en la LECr, concretamente el artículo 123. En este nuevo
precepto se regulan los derechos de interpretación y traducción para el imputado que no
habla la lengua del juzgado, estableciendo específicamente la traducción de los documentos
esenciales para garantizar el derecho de defensa, entre ellos las resoluciones que acuerden la
prisión provisional del imputado.
Cuando se comenzó esta investigación en junio de 2014 existía un Anteproyecto de Ley
de Enjuiciamiento Criminal que promovía, entre otras reformas, la modificación del
régimen de la prisión preventiva en España. Este Anteproyecto contemplaba novedades
muy positivas, como las siguientes:
• Incluía de forma expresa la excepcionalidad de la prisión provisional, al establecer que
la persona investigada se presume inocente y permanece en libertad, pudiendo ser