LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

38 Asociación Pro Derechos Humanos de España
En el artículo 503 se establecen los requisitos para la adopción de la prisión provisional:
• Que consten en la causa uno o varios hechos que presenten caracteres de delito
sancionado con pena igual o superior a dos años de prisión, o con pena privativa
de libertad inferior si el imputado tuviere antecedentes penales.
• Que aparezcan motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la
persona (no se enuncia en la norma una definición objetiva de lo que se consideran tales).
• Que se persiga alguno de los siguientes fines: asegurar la presencia del imputado en
el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación,
alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes, evitar que el imputado
pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, con la especificidad de que
gozan de especial protección las víctimas de delitos de coacciones encuadrados
dentro de una relación afectiva (violencia de género), o evitar el riesgo de que el
imputado cometa otros hechos delictivos.
Preguntados los magistrados entrevistados sobre los cambios que harían en la ley en materia
de prisión provisional, uno de ellos aludió a la necesidad de reservar la prisión provisional
únicamente para los delitos castigados con pena superior a los 5 años de prisión, o
a 3 si existiesen circunstancias agravantes. Mientras que en el extremo opuesto se situó
otro magistrado que afirmó que es necesario agravarla, recuperando criterios que ya no
existen en el ordenamiento jurídico como la alarma social. En este caso el entrevistado
asumió que la prisión provisional es, en muchos casos, un juicio anticipado, pero la justificó
al entender que si se decreta es porque hay indicios muy fuertes de culpabilidad.
La alarma social se eliminó del ordenamiento jurídico español en 2003 como base para
imponer la prisión provisional. Se invocaba su necesidad afirmando que existía inseguridad
y peligrosidad porque se cometían muchos delitos, pero eran afirmaciones que se realizaban
sin fundamento, ya que el concepto de inseguridad es muy subjetivo, y no podía saberse si
la vida era más insegura o peligrosa que en otras épocas históricas. Por tanto se pasó del
denominado Derecho Penal de la Seguridad basado en la alarma social de los ciudadanos, al
Derecho Procesal Penal en materia de garantías y derechos fundamentales.
Sin embargo, aunque ya no sea un criterio previsto en la ley, la alarma social se sigue
utilizando en algunos casos. Así se desprende de lo expuesto por uno de los jueces, que
señaló que la alarma social pervive en el subconsciente colectivo de la judicatura y, de
manera indirecta, se sigue utilizando. En el examen de expedientes encontramos 4 casos
en los que se utilizó la alarma social o el tener antecedentes penales como base para
imponer la prisión provisional. En sentido similar 20 abogados afirmaron que se utilizan
argumentos extrajurídicos para justificar la prisión provisional, de forma explícita
o implícita, como por ejemplo la alarma social.
La excepcionalidad y la proporcionalidad de la prisión provisional son reiteradas en la
doctrina jurisprudencial. Así, desde la sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de
julio de 1995 (STC 128/1995), este tribunal ha venido señalando que la medida cautelar
consistente en el ingreso en prisión es de naturaleza excepcional. Se concibe, tanto en su