LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

40 Asociación Pro Derechos Humanos de España
mo. En delitos de terrorismo por la alarma social que crean la cual entiende que, a pesar
de no estar ya contemplada en la ley, se sigue aplicando.
Los jueces también aludieron a estos delitos así como a otros como el homicidio, afirmando
que se sienten más inclinados a decretar la prisión provisional al considerar que su gravedad
conlleva un mayor riesgo de fuga. Esta información también resulta relativamente coincidente
con lo manifestado por los abogados encuestados, ya que 14 de los 31 afirmaron que,
para decidir, los jueces atienden principalmente a la gravedad de la pena. Uno de los jueces
entrevistados señaló que las personas reclamadas por órdenes de busca y captura o con fines
de extradición suelen ser un perfil para el que también es más probable que se acuerde la
prisión provisional.
Además, los datos obtenidos del examen de expedientes y observación de casos también
confirman esta tesis, ya que los fiscales solicitaron la prisión provisional en el 75-80% de
los casos, siendo el argumento más utilizado la gravedad del delito y de la pena como
elementos vinculados al riesgo de fuga, y los jueces la impusieron en el 66-86%, siendo el
argumento más utilizado el riesgo de fuga 67 .
67 En el examen de expedientes, los argumentos más alegados por el Ministerio Fiscal para la solicitud de
la prisión provisional fueron la gravedad del delito (en 20 ocasiones) la gravedad de la pena como elemento
vinculado con el riesgo de fuga (en 13); y el riesgo de reincidencia (en 10).
En la observación de los casos ante los tribunales el riesgo de fuga también fue la causa más aducida por
los fiscales para solicitar la prisión provisional (en 6 casos), conectándolo con la gravedad del delito y,
relacionada con ésta, la gravedad de la pena a imponer (en estos 6 casos se hacen 9 menciones a ambos
elementos). Al mismo nivel se encuentra el riesgo de reincidencia, que fue aludido por el fiscal también
en 6 casos, es decir, en un 50%. El riesgo de destrucción de pruebas fue invocado en 1 caso. Y a pesar de
no ser un criterio previsto en nuestra legislación, la alarma social fue aludida en 2 casos, uno de ellos
sobre agresión sexual y otro sobre salud pública.
Para contraargumentar las solicitudes del fiscal de prisión provisional, las alegaciones más comunes
entre los abogados para rebatir el riesgo de fuga fueron que el detenido tenía domicilio conocido (en
18 ocasiones), y que tenía vínculos familiares (en 15 ocasiones). También se alegó la presunción de
inocencia en 11 casos. Sólo en 3 ocasiones se aportaron pruebas documentales para sustentar las solicitudes
(libros de familia y contrato laboral). La estadística es similar en la observación de casos ante
los tribunales.
En relación con la decisión del juez, en el examen de expedientes, de los 44 casos en que el fiscal solicitó la
prisión provisional, el juez la impuso en 38 casos (86%). En las observaciones de casos ante los tribunales,
el porcentaje fue de un 66% (al imponerse en 6 de los 9 casos en los que la había solicitado el fiscal).
Hay que señalar que en este último caso de robo en casa habitada el juez competente acordó la ratificación
de la prisión provisional ya dispuesta por un juez anterior, a pesar de que el fiscal no estuvo presente
y, por tanto, no solicitó que así se hiciera. En 3 casos el juez no acordó la prisión provisional solicitada
por el fiscal (uno de salud pública, otro de libertad sexual y otro de robo con violencia), imponiendo
en algunos medidas alternativas y en otros ninguna medida cautelar.
El motivo más utilizado por los jueces para imponer la prisión preventiva fue el riesgo de fuga (reflejado
en 28 resoluciones). Le sigue el riesgo para el desarrollo de la investigación (que incluye riesgo de presión
a víctimas y/o testigos) (reflejado en 12 resoluciones). En tercer lugar se sitúa el riesgo de reincidencia
(en 10 resoluciones).
En el 74% de las resoluciones judiciales se realizaron referencias a las alegaciones realizadas por las partes,
aunque se refieren el doble de veces a las realizadas por el Ministerio Fiscal que a las realizadas por
los abogados por los abogados defensores dando por válidos, por tanto, los argumentos de la acusación.
En las observaciones de casos ante los tribunales las estadísticas son similares, ya que el argumento más
utilizado para justificar la imposición de la prisión provisional fue el riesgo de fuga (en 5 ocasiones) y el
riesgo de reincidencia (en 4 ocasiones), por lo que en algunos casos se utilizaron ambos elementos.
En 4 casos los jueces invocaron motivos no contemplados en la legislación, como la alarma social o el
tener antecedentes policiales.