LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

IV. C o n t e x t o
España es un país soberano, y su forma de estado es una monarquía parlamentaria. Es el
quinto país más poblado de la Unión Europea, contando en julio de 2014 con una población
oficial de 46.464.053 de habitantes. Su territorio está organizado en diecisiete comunidades
autónomas y dos ciudades autónomas, además de cincuenta provincias.
La norma suprema del Derecho español es la Constitución de 1978, que regula el funcionamiento
de los poderes públicos y los derechos fundamentales de los españoles. El sistema legal en
España es de tipo continental, que se apoya en la Ley en sentido amplio (leyes y reglamentos).
Además, España ha firmado y ratificado los principales tratados y convenios internacionales
de protección de los Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas cruelas,
inhumanos y degradantes de 1984, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, los cuales forman parte del Ordenamiento
Jurídico interno y son susceptibles de aplicación directa.
En el ámbito del derecho penal, la ley atribuye competencia a los tribunales españoles para
la investigación de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español, o a bordo
de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales
en que España sea parte. Junto con este principio de territorialidad, la Ley también
atribuye al orden penal competencia para conocer determinados supuestos cometidos
fuera del territorio nacional, como por ejemplo graves crímenes internacionales como
el genocidio o los crímenes contra la humanidad.
La prisión provisional en España está regulada en los artículos 502 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECr). Aunque los artículos que regulan la
materia serán objeto de estudio detallado a lo largo del informe, adelantamos de forma concisa
lo que establece el ordenamiento jurídico español:
• Para adoptar la prisión provisional el juez no sólo considerará la pena que pudiera
ser impuesta sino las circunstancias personales. Además, su aplicación es subsidiaria
cuando no existan otras medidas menos gravosas (art. 502).
• Sólo puede imponerse para delitos con pena superior a los 2 años de prisión, y debe
tener como finalidad asegurar la presencia del imputado, evitar la destrucción de