LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

20 Asociación Pro Derechos Humanos de España
2. Encuestas a abogados defensores, para recabar información de su experiencia práctica
en lo relativo al procedimiento y al fondo de toma de decisiones sobre prisión
provisional.
3. Monitoreo y seguimiento de audiencias de prisión provisional, que permitió a los
investigadores obtener una visión de primera mano sobre el procedimiento y el fondo
del asunto.
4. Análisis de expedientes de casos reales, que permitió obtener una visión completa de
la aplicación de la prisión provisional a lo largo de todo el procedimiento, a diferencia
de la visión concentrada en una audiencia que se obtuvo con el monitoreo al que
se ha hecho referencia.
5. Entrevistas estructuradas a jueces y fiscales, que permitieron comprender el proceso
decisorio en la aplicación práctica de la prisión provisional. Además de las preguntas
comunes a todos los estados participantes, cada socio desarrolló cuestiones específicas
adaptadas a cada sistema legal.
Para el desarrollo de las distintas herramientas metodológicas en España, el equipo de
investigación del proyecto contó con el apoyo de expertos juristas para la selección de
abogados, jueces y fiscales. Se seleccionaron abogados expertos en derecho penal que
ejercen su profesión en todas las regiones españolas, así como jueces y fiscales con una
larga trayectoria profesional.
El equipo de investigación de la APDHE solicitó la colaboración de 45 abogados, obteniéndose
la colaboración de 31 para la cumplimentación de las encuestas a abogados
defensores. El cuestionario fue enviado por correo electrónico.
Para el análisis de expedientes de casos se realizaron gestiones ante el Consejo General del
Poder Judicial, que nos derivó a los tribunales para solicitar las respectivas autorizaciones.
Puesto que en España el acceso a los expedientes judiciales sólo está permitido a las partes
y cada órgano judicial es libre para decidir si permite el acceso a terceros, resultaba arriesgado
dirigirse a los mismos sin tener la certeza de que finalmente se consiguiera el permiso.
Por esta razón la APDHE decidió solicitar los expedientes directamente a los abogados
que ya habían cumplimentado las encuestas, consiguiendo que colaborasen 16 abogados,
lo que permitió examinar 55 casos tramitados ante órganos judiciales de diferentes
regiones españolas La APDHE solicitó a los abogados casos con pena de prisión superior
a los 2 años; es decir, casos en los que la ley permite la imposición de la prisión provisional.
No todos los expedientes analizados contaban con sentencia firme. La prisión provisional
no fue ordenada en todos los casos analizados.
Los 55 casos analizados corresponden a procedimientos judiciales penales que se iniciaron
entre los años 2001 y 2014, siendo 47 de ellos Procedimiento Abreviado, 5 Procedimiento
Ordinario y 3 Procedimiento del Tribunal de Jurado 48 . El más antiguo comen-
48 El Procedimiento Abreviado es el proceso previsto para la investigación de delitos con pena de hasta 9
años de prisión, mientras que el procedimiento Ordinario-Sumario es para delitos que tiene prevista una
pena privativa de libertad superior a los 9 años. El Procedimiento de Jurado es aquél por el que se sigue