LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

X. C o n c l u s i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s
1. Conclusiones
1. El acceso al expediente no es suficiente para afrontar con eficacia la solicitud y eventual
decisión de prisión provisional. En este sentido se pronunciaron 17 de los 31
abogados encuestados, lo que fue confirmado por 2 de los 5 fiscales entrevistados al
afirmar que los abogados disponen de menos tiempo que el juez y el fiscal para analizar
el expediente y que en muchos casos las investigaciones son secretas. El examen
de los 55 expedientes de casos confirmó esta tesis, puesto que en el 13% de los casos
los abogados no tuvieron acceso a los expedientes por encontrarse bajo secreto de
las actuaciones.
2. La asistencia jurídica gratuita incluye todas las diligencias necesarias para la defensa
del detenido, pero los honorarios que la administración de justicia paga a los abogados
de oficio son muy reducidos, por lo que esta situación puede influir negativamente
en el derecho de defensa.
3. El criterio más utilizado para sustentar la necesidad de la prisión provisional es prevenir
el riesgo de fuga, cuando se trata de delitos de cierta gravedad, no tomándose
en suficiente consideración las circunstancias personales. En este tipo de casos se ha
apreciado un uso excesivo en la aplicación de la prisión provisional y, en consecuencia,
cierto automatismo en la aplicación de esta medida.
4. 2 de los 9 jueces y fiscales entrevistados manifestaron que determinadas características
de los detenidos favorecen que invoque el riesgo de reiteración delictiva para imponer la
prisión provisional. Del análisis de expedientes no se puede concluir que esta práctica sea
generalizada, ya que sólo en 1 de los casos en que se consideró la existencia de reiteración
delictiva el detenido era toxicómano.
5. Más de la mitad de los abogados encuestados manifestaron que la alarma social está
entre los criterios extrajurídicos que se sigue utilizando al aplicar la prisión provisional.
1 de los 9 jueces y fiscales entrevistados se han pronunciado en el mismo sentido.
En el examen de expedientes se ha detectado su uso en 4 de los casos analizados.
6. Aproximadamente la mitad de las resoluciones judiciales en las que se acuerda la prisión
provisional, carecen de una valoración suficiente y pormenorizada.