LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

Contexto 25
puesta bajo control judicial, y que sólo cuando ese control resulte insuficiente se podrá
ordenar, excepcionalmente, la prisión provisional.
• Mejoraba la sistematización en la ley de las medidas alternativas menos gravosas, que
actualmente aparecen de forma más dispersa, y se introducían nuevas medidas alternativas
menos gravosas. Además de las medidas cautelares ya previstas en la norma, (pago
de fianza comparecencia ante la autoridad judicial (apud acta) y/o retirada de pasaporte
(artículo 530), prohibición de residir o acudir a determinado lugar, y de aproximarse
a determinadas personas o a comunicarse con ellas, se añadían otras medidas novedosas:
prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan facilitar la ocasión
para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, obligación de participar en
programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual o similares, obligación
de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico,
sometimiento a custodia a cargo de la persona o la institución que se designe. Puede
igualmente condicionarse la libertad provisional a la prestación de caución suficiente,
concepto que sustituye al de fianza y que se entiende como una garantía económica de
caracter más general y exclusivamente personal. Para delitos que lleven aparejada pena
de inhabilitación o suspensión de profesión, cabe la suspensión de cargo u oficio público
o profesión por el tiempo que el juez acuerde.
• Establecía la prisión provisional atenuada y la posibilidad de sustituir esta por el
internamiento en centros específicos, en interés de la salud o seguridad de la persona,
permitiendo que permanezca en su domicilio o en un centro médico, psiquiátrico,
de deshabituación o educativo (no podrán superar los plazos previstos para la prisión
provisional) por un tiempo que sera decretado por el juez. Mantenía la subsidiariedad
existente en la actual redacción, al decir que la prisión provisional sólo
podrá acordarse cuando todas estas medidas menos gravosas resulten inadecuadas
para el cumplimiento del fin perseguido.
• Aumentaba el límite de tiempo para que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional,
y reduce su duración máxima. Concretamente, para delitos con pena de prisión
señalada de entre 3 y 5 años de prisión, la duración máxima de la prisión provisional
sería de un año.
• Aumentaba el límite para que se pueda prorrogar y reducía la duración de la prórroga.
Concretamente, disponiendo que sólo se podría prorrogar la prisión provisional
cuando el delito tenga pena de prisión superior a los cinco años, y la duración de la
prórroga no podría exceder de un año.
Sin embargo, aunque desde entonces se han aprobado varias reformas de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, el anteproyecto de reforma de la prisión provisional no ha salido
adelante y no está prevista su modificación.
Se han realizado consultas a todos los organismos competentes, para verificar la existencia
de datos y estadísticas sobre prisión provisional en España: Ministerio de Justicia, Consejo
General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.