LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

32 Asociación Pro Derechos Humanos de España
Sin embargo, podemos concluir que el acceso al expediente por parte del abogado no
es del todo suficiente para poder afrontar con eficacia la solicitud y eventual decisión
de prisión provisional.
Ello se ha puesto de manifiesto en las herramientas de análisis utilizadas. En primer lugar,
27 de los 31 abogados encuestados confirmaron que previamente a la declaración y, en su
caso, a la audiencia sobre prisión provisional, la defensa tiene acceso al expediente y a los
datos relevantes del caso, salvo que la causa haya sido declarada secreta. Pero 17 de ellos
precisaron que el acceso no es del todo suficiente para poder afrontar con eficacia la solicitud
y eventual decisión de prisión provisional, y 9 que el acceso es intermedio. 20 abogados
afirmaron que el tiempo medio para prepararse la audiencia (consultar atestado,
entrevistarse con el defendido, recopilar o verificar la veracidad de las pruebas) oscila
entre 10 minutos y 1 hora, y 7 indicaron que el tiempo es insuficiente. Un abogado señaló
que, al verse el atestado policial en unidad de acto con la audiencia, no hay tiempo
material para aportar prueba en la audiencia.
En segundo lugar, al realizar el examen de los 55 casos, pudimos observar que en el 13%
de ellos, los abogados no tuvieron acceso a los expedientes por encontrarse las actuaciones
bajo secreto.
El secreto de las actuaciones fue decretado en estos casos para asegurar los fines de la
investigación y evitar el riesgo de destrucción de pruebas. Entre los casos en los que se
dispuso el secreto figuran 3 delitos de tráfico de drogas, uno de organización criminal
dedicada al blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública, y 3 por delitos de
lesiones y de asesinato.
En tercer lugar, esta opinión de los abogados sobre el acceso al expediente es similar a lo
manifestado por 2 de los 5 fiscales entrevistados, que afirmaron que si bien los abogados
disponen del atestado policial igual que el juez y el fiscal, el tiempo del que disponen para
estudiarlo es poco, su acceso a la información es limitado, muchas investigaciones son
secretas y, en definitiva, “no tienen igualdad de armas con el fiscal”. Uno de los fiscales
afirmó que la solución pasa por aplicar la Directiva de la Unión Europea 2012/13 relativa
al derecho a la información en los procesos penales para que a los abogados se les facilite
una copia del atestado en comisaría, y no unos minutos antes de la audiencia.
En resumen, el ordenamiento jurídico español contiene disposiciones que, en esencia,
garantizan los derechos fundamentales de la persona detenida. En este sentido se regula el
plazo máximo para que el detenido sea puesto a disposición judicial y se establece que el
detenido tenga que estar asistido por abogado. También se establece el principio acusatorio
de forma que si el fiscal no solicita la prision provisional el juez no pueda acordarla, y
se regulan unos plazos máximos de duración de esta medida cautelar.
Sin embargo existen deficiencias para el acceso al expediente, para lo cual se recomienda
aplicar la Directiva de la Unión Europea 2012/13 relativa al derecho a la información en los
procesos penales, para que a los abogados se les facilite una copia del atestado o expediente
en comisaría, y no unos minutos antes de la audiencia ante el juzgado. Así como permitir a
los abogados la consulta del expediente en el juzgado sin limitaciones de tiempo.