LA PRÁCTICA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

42 Asociación Pro Derechos Humanos de España
yéndose en ellos muchos datos sobre las circunstancias personales de los detenidos. Esta
afirmación contrasta con la opinión de 2 de los 5 jueces entrevistados, que manifestaron
que la falta de información es una de las grandes carencias de la justicia en España “el
automatismo con el que se aplicaba la ley sin conocer a las personas a las que se les aplicaba
ni sus circunstancias”.
Por tanto, para abordar esta problemática, al valorar el riesgo de fuga los jueces siempre
deben realizar una valoración de las circunstancias personales, con independencia de la
gravedad del delito. Asimismo, el legislador debería especificar en la norma conceptos
que, por su ambigüedad, se interpretan de distintas maneras, como por ejemplo el arraigo
o el riesgo de fuga, describiendo de manera explícita los elementos que lo componen a fin
de asegurar el respeto a las normas internacionales de protección de los derechos humanos,
y una aplicación homogénea de los mismos. De igual modo debe especificar mejor
los supuestos en que la prisión provisional debe ser aplicada en concordancia con la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a fin de evitar la desigualdad que
existe en su aplicación.
4. Riesgo de reiteración delictiva
En relación con el riesgo de reiteración delictiva, determinadas características de los
detenidos pueden favorecer que se acuerde la prisión provisional.
Así se desprende de lo manifestado por uno de los magistrados y uno de los fiscales, quienes
coincidieron en que presumen este riesgo cuando, por ejemplo, los detenidos son
personas toxicómanas, marginales o de etnia gitana, en tanto que entiende, respecto de
estas últimas, que en algunos casos el delito es su “modus vivendi”, y ya que deducen que
van a cometer nuevos delitos si se les deja en libertad provisional. Uno de los jueces afirmó
que “en su profesión lamentablemente se trabaja con estereotipos”. Esta es una práctica
discriminatoria, por lo que debería evitarse.
No ha sido posible confirmar esta práctica en el análisis de expedientes, ya que sólo en el
18% de los casos analizados se utilizó el riesgo de reiteración delictiva para imponer la
prisión provisional, y de ellos sólo en 1 caso el detenido tenía características particulares;
concretamente era toxicómano.
Por otra parte, 12 de los 31 abogados encuestados afirmaron que los jueces dan un
peso excesivo a los antecedentes penales por hechos similares para presumir que pueda
existir riesgo de reiteración delictiva. En el análisis de expedientes se ha verificado
que en la mitad de los casos en que se utilizó el riesgo de reiteración delictiva para
imponer la prisión provisional, el detenido tenía antecedentes penales por la comisión
de otros delitos 71 .
71 De los 10 casos en que se dispuso prisión provisional considerando que existe riesgo de reiteración delictiva,
el detenido tenía antecedentes penales en 5 casos.