observatorio electoral venezolano caracas 2016

El acuerdo versó igualmente sobre la convocatoria de referendos revocatorios
de cargos de elección popular. Tal fue el del Presidente de la Republica, al cumplirse
la mitad de su mandato, todo ello conforme sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) de fecha 13 febrero de 2003, que precisaba el procedimiento y consecuencias
de los mismos de conformidad con el artículo 72 de la CRBV.
El acuerdo igualmente destaca, la participación de la OEA, el Centro Carter y
las Naciones Unidas que manifestaron, como facilitadores, su apoyo técnico y humano
de ser requeridas por las autoridades competentes venezolanas.
El acuerdo fue firmado el 23 de mayo de 2003 siendo sus signatarios, por el Gobierno:
José Vicente Rangel, Roy Chaderton Matos, María Cristina Iglesias, Ronald
Blanco La Cruz y Nicolás Maduro; y por la Coordinadora Democrática: Timoteo Zambrano,
Alejandro Armas, Manuel Cova, Américo Martín y Eduardo Lapi. También firmaron
los Facilitadores: Cesar Gaviria (OEA), Francisco Diez (Centro Carter) y Antonio
Molpeceres (PNUD).
Hasta aquí esta reseña que, como puede observarse, tiene importancia histórica
sobre todo por los hechos políticos inmediatamente posteriores que, en mi opinión,
tienen consecuencias sobre la legislación jurídica en ejecución de la Constitución
y algunas distorsiones, tanto en la integración del Consejo Nacional Electoral
con posterioridad al referendo revocatorio del mandato del Presidente, como el no
menos importante referendo aprobatorio convocado con ocasión de la proposición
del Presidente Chávez para reformar la CRBV.
Los conflictos políticos paralizaban el nombramiento del CNE y obstaculizaban
el objetivo de cumplir el objetivo de convocar el referendo revocatorio de mandato
del presidente de la Republica contemplado en los acuerdos de mayo.
Efectivamente, en la Asamblea Nacional se había iniciado el procedimiento
para integrar el Consejo Nacional Electoral, pero estaba paralizado y esto afectaba,
a no dudarlo, la estabilidad política del país. De modo que vista la parálisis y la falta
de acuerdo consensuado entre ambas partes, la Sala Constitucional del TSJ con ocasión
de una acción de inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Nacional interpuesta
por el abogado Hermánn Escarrá Malavé, declaró la omisión del nombramiento
de todos los rectores electorales y sus suplentes, en los términos siguientes:
4. Declara que la OMISION del nombramiento de todos los rectores
electorales y sus suplentes, es un hecho objetivo, que se constata por
el sólo transcurso del tiempo sin que la Asamblea Nacional haya de-
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El Sistema Electoral Venezolano:
Reflexiones a la luz de las parlamentarias 2015
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