Tejiendo voces por la casa común

LA PUESTA EN MARCHA
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CÓMO ENTENDER EL TEJIDO
MULTIVARIADO DE LA CASA COMÚN
Estamos reunidos aquí por una preocupación común,
que es la dramática situación económica y
social del país y la incapacidad demostrada del
Estado para hacer frente a los grandes problemas
nacionales.
La sociedad mexicana está hoy más fragmentada
que nunca (para no decir despedazada), y lo
que debiera ser una conversación civilizada y respetuosa
entre los distintos sectores nacionales se
ha vuelto un diálogo de sordos, cuando no una
serie de pleitos acompañados de descalificaciones
mutuas, desconfianza recíproca y destemplanzas
impertinentes. De allí la ingente necesidad de rehacer
el tejido nacional y reconstruir la casa común
que nos alberga a todas y todos.
Las fracturas que recorren la geografía social y
económica del país tienen múltiples raíces y sólo
podrán ser sanadas con un esfuerzo colectivo en
que todos jalen parejo. Por desgracia, éste no es el
caso actualmente.
El concepto que tradicionalmente esgrimen
analistas, políticos e ideólogos para enfrentar la
compleja problemática de sociedades fragmentadas
y fracturadas es el de “unidad nacional”,
que puede referirse a diversos procesos y objetivos.
Una y otra vez, en la historia del país, se
ha planteado la necesidad de conseguirla. Invocar
la unidad nacional contra tres invasores externos
durante el siglo fue, sin duda, una hazaña política
para todos los protagonistas de la época, que
influyó en la conformación de la emergente identidad
nacional mexicana. Nuevamente se oye hablar
de la unidad nacional en las postrimerías de
la Revolución mexicana, cuando las distintas fuerzas
militares y políticas enfrentadas acaban por
unirse para construir al México moderno. Ahora,
la unidad nacional se transformará en ideología
política hegemónica ejercida por el poder del Estado,
manipulado durante más de 75 años por un
solo partido político en el poder.
*
Rector de El Colegio de México.
Rodolfo Stavenhagen *
Aunque ha cumplido algunas funciones positivas,
el concepto de unidad nacional ha servido
también a otros propósitos. Me refiero sobre todo
a la gran diversidad étnico-cultural de la población
mexicana, resultado de la convivencia de
pueblos de origen distinto.
Desde la segunda mitad del siglo XIX las clases
dominantes comenzaron a preocuparse por la falta
de “integración nacional” en el país, que atribuían
a la existencia de la población indígena (en aquel
entonces abiertamente mayoritaria). Después de la
Revolución, el Estado asumió la tarea de “incorporar”
a la población indígena a la nación, tarea
que le fue encomendada a la escuela rural mexicana
desde la década de 1920 y, posteriormente, a la
política indigenista, que no condujo al bienestar de
los pueblos indígenas.
Pueblos indígenas de varios países se hicieron
presentes en diferentes foros y encabezaron un
movimiento por el reconocimiento de sus derechos,
que finalmente se plantearon en el Convenio
169 de la OIT en 1989 y en la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas en 2007. A consecuencia de
estos eventos, pero sobre todo como respuesta a
las demandas enarboladas por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional a partir de su levantamiento
en Chiapas en 1994, fueron modificados
por el Congreso de la Unión varios artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Las situaciones, sin embargo, no cambian por
la simple expedición de leyes. En México, como
en otros países, hay profundas brechas en la implementación
de la legislación.
La realización del principio de la diversidad
cultural en el país enfrenta numerosos problemas
en términos de su ejercicio efectivo en la vida cotidiana.
El reconocimiento de la diversidad cultural,
como parte de una realidad nacional hasta
ahora ignorada o incluso (a veces) reprimida,
requiere adecuadas políticas sociales y culturales.
Fotografía de Prensa UAEM
Para este fin se requieren, entre otras cuestiones,
el respeto a la diferencia, la aceptación de la
diversidad lingüística, el uso de las lenguas indígenas
en procesos judiciales, la educación bilingüe
e intercultural, el reconocimiento del “derecho indígena”
(usos y costumbres) y las formas propias
de impartir justicia y de mantener la seguridad
comunitaria (policías comunitarias, autodefensas),
el tratamiento especial de comunidades campesinas-indígenas
(respetar la ecología, asegurar
territorios indígenas, expulsar los monopolios
genéticos destructores de la biodiversidad, las tierras
comunales, la lucha contra mineras, eólicas,
hiperurbanización, etcétera), el respeto a las autoridades
comunitarias indígenas, la conservación
del patrimonio cultural inmaterial...
Lo preocupante es que hay sectores de opinión
que no están convencidos de las bondades de la
multiculturalidad y sus variantes; incluso, hay
quienes vociferan que representa un peligro para
la “unidad nacional” y que su defensa conduciría
a debilitar la nación mexicana.
¿Conduce inevitablemente la multiculturalidad
a la desintegración de los Estados nacionales?
Y si así fuera, ¿sería eso bueno o malo para los
derechos humanos de los pueblos minoritarios,
de los indígenas, de las regiones históricamente
sometidas a poderes políticos centralizados y
autoritarios? ¿Tendría nuestra modesta multiculturalidad
algo que ver con esos dramas humanos
que estamos observando, por ejemplo, en Medio
Oriente? Desde luego que no. El respeto a la diversidad
étnico-cultural de una población enclavada
en un Estado nacional constituido históricamente
es una respuesta positiva a demandas
negadas durante largo tiempo.
México ha emprendido cuidadosamente el camino
hacia el reconocimiento y respeto a los derechos
de los pueblos indígenas y, por lo tanto,
a la multiculturalidad de su identidad nacional.
Debemos recordar, sin embargo, que la base de
esta desigualdad histórica se encuentra en la distribución
de la propiedad, principalmente de la
tierra. El despojo de sus tierras ha sido la raíz de
las luchas de los pueblos indígenas y campesinos
por sus derechos. Uno de los resultados de la
Revolución mexicana fue la reforma agraria, que
benefició en gran medida a muchas comunidades
indígenas del país (pero no a todas).
La destrucción de la economía tradicional de
los campesinos indígenas va acompañada de un
proceso multivariado de ecocidio. Según Víctor
Toledo, existen nueve causas de ecocidio: 1) extracción
minera; 2) extracción de petróleo, gas,
carbón y uranio; 3) proyectos hidro y termoeléctricos;
4) parques eólicos; 5) proyectos megaturísticos;
6) urbanización desbocada; 7) cultivos
transgénicos (maíz, soya y algodón); 8) contaminación
por residuos tóxicos industriales y urbanos,
y 9) destrucción de bosques, selvas, matorrales
y otras formas de vegetación.
Ante los retos actuales, el enfoque netamente
culturalista que se popularizó en los últimos
30 años es insuficiente. Tras la etapa indigenista
de la incorporación, surgió la reacción multiculturalista
que enfatizó la diversidad cultural y la
necesidad del respeto a la diferencia y la diversidad
en México. Muy pronto, sin embargo, los
propios indígenas señalaron que el respeto a la
diferencia no constituía un esquema suficiente
para comprender la situación de desigualdad
que seguía aquejando la vida de los pueblos indígenas
en el país.
Para integrar este rompecabezas, nos hace falta
echar mano de los conceptos de autonomía y
libre determinación (o autodeterminación), que
después de muchos años de luchas y negociaciones
es reconocido por la Constitución como un
derecho de los pueblos indígenas.
El hecho de que se haya reconocido no significa
que el Estado esté respetando ese derecho
de los pueblos indígenas, y tampoco que éstos lo
estén ejerciendo libre y democráticamente en sus
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