III CONGRESO DE UPYD ESTATUTOS

III CONGRESO DE UPYD — ESTATUTOS
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Denominación
1. El Partido político denominado UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA se constituye al
amparo de lo expresado en el artículo 6 de la Constitución Española y sobre la base de
lo indicado en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos,
modificada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad
económico-financiera de los Partidos Políticos.
2. Las siglas de UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA son UPYD.
3. El logotipo del Partido es un rectángulo alargado horizontalmente, con bordes
redondeados, de color magenta, en el que se perfilan la letra U, la letra P y la letra D,
dejando el fondo blanco. Entre las letras P y D, sobre fondo magenta, se perfila la letra Y,
en color blanco.
4. El símbolo del Partido es un círculo de color magenta en el que se recorta la letra Y, en
color blanco.
5. Este logotipo podrá ser modificado por acuerdo del Consejo de Dirección sin necesidad
de modificar los presentes Estatutos, modificación que deberá ser ratificada en la
siguiente reunión del Consejo Político.
Artículo 2.
Ámbito
Unión Progreso y Democracia es un Partido político cuyo ámbito de actuación es nacional,
extensivo a la representación en el Parlamento Europeo, creado para contribuir
democráticamente a la transformación de la política española en todos sus niveles y a la
implicación de los ciudadanos mediante su voluntad política, así como para promover su
participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la
presentación y apoyo de candidatos en los correspondientes procesos electorales de
carácter nacional, autonómico y local.
Artículo 3.
Principios y fines
1. Unión Progreso y Democracia, sobre la base de su Manifiesto Fundacional y la idea de la
ciudadanía democrática, lo que se traduce en la igualdad en libertad, que supone leyes
iguales para todos y todos iguales ante las leyes, encuentra el fundamento de su actividad
en la defensa de los siguientes principios:
I. Defensa de una política progresista, que concibe la actividad pública como un
instrumento para la mejora de las condiciones de vida individuales y colectivas,
haciendo frente a cualquier imposición que atente contra la democracia formal, y
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