El Constitucional avala el patronazgo de la Inmaculada - LA TOGA

Enero - Marzo 2011
o restrinja la protección por motivo, condición u objeto
social del titular.
De ahí que varias Hermandades de penitencia que
cuentan entre los integrantes de sus Juntas de Gobierno
con profesionales que están en el día a día del mercado,
se hayan preocupado especialmente en hacer
depósitos de registro marcarios en defensa del patrimonio
de sus enseres y, lo que es más importante, de la
reproducción de sus Amantísimos Titulares.
19. Segundo bloque de preguntas. Relevancia del Derecho
Penal en el mundo de la Cofradías. ¿Se ha dado
algún supuesto en el que en base a una infracción marcaria
se haya hecho uso de la jurisdicción penal?
Poco después de los infaustos incidentes de la Madrugada
del año 2000, se popularizó un polémico videojuego
denominado “Matanza cofrade-Orgía de muerte y
resurrección en el Universo cofrade” en el cual la misión
del jugador consistía en matar con una pistola virtual
a nazarenos en procesión que portaban las imágenes
religiosas de las hermandades de El Gran Poder, la
Macarena o la del Cristo de la Salud del popular barrio
de San Bernardo, Imágenes de tan hondas veneraciones
en la capital hispalense. Los tres niveles de dificultad
del videojuego se denominaban, respectivamente: ”La
Cofradía de las Tinieblas”, “La Reina de los Condenados”
y “El Hereje”.
Tras la formulación de la oportuna denuncia fueron
judicialmente secuestrados los 5.000 discos titulado
“Penados y Rebeldes”’ del grupo de rock “Narco” con
los que se iba a repartir el videojuego, clausurándose
la Página Web donde se alojaba la versión demo del
juego.
El Fiscal, y las hermandades personadas bajo la
dirección letrada de D. Javier Fernández-Palacios -fundador
de nuestra Firma de profesionales, lamentablemente
fallecido-, imputaron al autor de dicho videojuego
un delito contra la propiedad industrial, toda vez
que estas imágenes de culto se encuentran protegidas
por derechos de marca, así como un delito contra los
sentimientos religiosos, al suponer dicha conducta un
escarnio de los dogmas, creencias, ritos y ceremonias
profesados por los católicos.
Finalmente, las partes implicadas supieron encontrar
una solución consensuada a este lamentable incidente.
20. Sin perjuicio de que esté sub iudice, ¿Cuál es la pena
en que puede incurrir el agresor de la Imagen de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder?
Con independencia de que la conducta pueda encontrar
acomodo en el capítulo IV, sección 2º: «De los delitos
contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos
y el respeto a los difuntos», en particular, como «acto
de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos»
ext. Art. 524, todo parece indicar que dicha conducta
pudiera también integrar un delito contra el patrimonio
histórico.
En este sentido, debemos de partir de una consideración
amplia del Patrimonio Histórico derivada de la
conjugación de los Arts. 1.2, 1.3, 9.1 y 26.1 de la Ley de
Patrimonio Histórico 16/1895, pues de la misma se desprende
que junto con los bienes declarados de interés
cultural y los bienes muebles inscritos en el inventario
Doctrina
general, una tercera categoría estaría comprendida por
los bienes integrantes en dicho patrimonio no incluidos
en ninguna de las categorías anteriores. De no ser así,
no se entendería la distinción hecha por el Legislador
en el Art. 1.3 de la LPH en el sentido de que los bienes
más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán
ser inventariados o declarados de interés cultural en los
términos previstos en la Ley.
Es decir, la falta de la declaración administrativa
previa o la no inclusión en el inventario ni desmerece su
valor, ni empece su pertenencia al patrimonio histórico.
En el mismo sentido debe de interpretarse la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
a la luz de los Arts. 8, 14 y 42.
Procede, pues, en consecuencia, analizar si la imagen
del Señor del Gran Poder se acomoda a este concepto
amplio de Patrimonio Histórico, y siendo los requisitos
que establece el Art. 2 de la Ley el interés artístico,
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico,
científico o técnico, no cabe duda de que así es.
Pues bien, el hecho analizado encuentra fiel acomodo
en el Art. 323 del Código Penal, cuya conducta
típica la integran el causar daños en, entre otros, bienes
de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental.
A diferencia de lo que sucede con el precedente
Art. 321, en el Art. 323 no es preceptivo que el bien en
cuestión goce de una previa declaración administrativa
o de su inclusión en el inventario general de bienes
muebles, siendo tan solo suficiente que atesore interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico,
científico o técnico, y no hay duda del acusado
valor artístico, histórico y etnográfico de la imagen de
culto de la Plaza de San Lorenzo.
En definitiva, habrá que esperar al dictamen del
informe pericial psiquiátrico para saber si el agresor
conocía «que estaba realizando esta acción con la
intención de ofender los sentimientos religiosos». En
cualquier caso, la Hermandad ha expresado ya en un
comunicado que «desde el convencimiento de que la
agresión sufrida por la Sagrada Imagen del Señor afecta
a convicciones y creencias religiosas, más allá de un simple
daño patrimonial, no se plantea ejercitar ningún tipo
de acción judicial en el orden penal contra el agresor».
El citado artículo 323 del Código Penal, castiga con
pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a
veinticuatro meses a aquél que cause daños en bienes
de valor histórico-artístico o cultural, pudiendo los Jueces
o Tribunales ordenar a cargo del autor del daño la adopción
de medidas encaminadas a restaurar en lo posible
el bien dañado.
21. ¿Podrían las Hermandades evitar de alguna manera
que antes o después de programas cofradieros en TV,
se emitieran imágenes violentas, de contenido erótico
o similar?
Las escenas de violencia gratuita o pornográficas incluidas
en series, películas o programas de televisión en
abierto están terminantemente prohibidas con la entrada
en vigor el pasado 1 de mayo de 2010 de la Ley
7/2010 General de la Comunicación Audiovisual.
Aquellos otros contenidos que puedan resultar perjudiciales
para el desarrollo de los menores; en especial,
los de contenido erótico, solo podrán emitirse entre las
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