El Constitucional avala el patronazgo de la Inmaculada - LA TOGA

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Tribuna
culos que unen al extranjero recurrente con el lugar
en que reside, ya sean de tipo económico, social,
familiar, laboral, académico o de otro tipo y que sean
relevantes para apreciar el interés del recurrente
para residir en el pais y determinen al prevalencia de
tal interés particular para la concesión del permiso
solicitado”.
En nuestro caso, la situación de arraigo del recurrente
no sólo estaba acreditada por la documentación
que se acompañaba al escrito de demanda,
sino que fue expresamente reconocida por la Administración
en su resolución de fecha 18/09/2002. Ello
impide a la Administración denegar la renovación
solicitada ya que se vulneraría el principio de “seguridad
jurídica” y el de “interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos” (art. 9.3 de la C.E.) que no
permite a la Administración hacer pública una determinada
interpretación de las normas que favorece
a los interesados y no aplicarla después, por lo que
los Jueces y Tribunales deben tener en cuenta estas
circunstancia, para que no sufran los principios de la
buena fé y de la confianza legítima.
-En todo caso, está demostrado que el recurrente
residía en España antes del 23 de Enero del 2001 en
unión de su familia y que continúa en las mismas circunstancias
y que cursa estudios universitarios en la
Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla en el
presente curso 2009/2010 con excelentes notas.
-La resolución que se recurre no motivó bajo que
criterios decidió dejar sin efecto sus anteriores concesiones,
sin que pueda invocar para su denegación
la obligación del cumplimiento del servicio militar del
solicitante en su país de origen, cosa que sin duda
haría si no peligrase su integridad física o incluso su
vida para el caso de que regresase a Armenia y
alegase objeción de conciencia, dado que cuando
huyo de allí siendo un niño con su familia solicitó asilo
político en España.
En el acto de la vista esta letrada aportó a Su
Sría. el informe de Amnistía Internacional del pasado
año,(el cual dejamos citado) y exponiendo en el acto
de la vista la inexistencia de seguridad jurídica en
dicho país, inexistencia de protección de
los derechos humanos y detalle respecto
a la materia de la realización del servicio
militar; según AI, (los objetores de conciencia
entran en prisión, y se produce un
altísimo numero de fallecimientos por torturas
y suicidios de los mismos).Ante dicha
perspectiva, parece evidente que Don M.
debía ante todo proteger su vida y su integridad
física permaneciendo en España
como residente legal desde el año 2001.
Igualmente se invocó por esta parte en
el acto de la vista que la protección que
otorga nuestra Constitución Española, en
especial los derechos reflejados en el Título
Primero, son para nuestros Tribunales de
protección universal.
En este sentido, establece la sentencia
a favor de don M. H. del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla,
en su fundamento tercero:
“Habiendo sido denegada al actor, de
nacionalidad armenia, la expedición del
pasaporte en su país de origen en base al
incumplimiento de sus obligaciones militares,
atendida las circunstancias de Armenia
y su salida y llegada a España con su
familia como solicitantes de asilo político,
el hecho de que se le había otorgado con
anterioridad dicha Cédula de Inscripción y
teniendo en cuenta la edad del mismo en
la actualidad, el tiempo que convive con
su familia en España, la alegaciones realizadas
por la letrada en el acto de la vista
concerniente a la objeción de conciencia,
ha de considerarse que concurren en
el interesado circunstancias excepcionales
para que le sea concedida Cédula de
Inscripción solicitada, dada la dificultad
que para el mismo representa obtener
pasaporte en Armenia.”
Enero - Marzo 2011