El Constitucional avala el patronazgo de la Inmaculada - LA TOGA

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Icas
pretenderse que la opinión de un solo colegiado prevalezca
frente a acuerdos democráticamente adoptados.
f) En relación con la denunciada lesión del principio
de igualdad, entiende que la demanda no se acomoda
al concepto constitucional de discriminación,
limitándose a mostrar la disconformidad del recurrente
con las tradiciones y creencias de otros colegiados.
Los Estatutos no constituyen, promueven, favorecen,
facilitan ni inducen a la discriminación por razón de una
determinada confesión, siendo evidente, por el contrario,
que reflejan la palmaria afirmación de que todos
los derechos, deberes, garantías, funciones y servicios
a favor de los colegiados lo son con independencia de
su credo, religión y participación o no en actos de culto
de cualquier creencia. Tampoco existe discriminación
directa ni indirecta por tal motivo, disponiendo el recurrente
de cuantos instrumentos concede el Derecho
para su tutela y protección si un acto concreto incurriera
en tal vulneración.
g) Finalmente, la representación procesal del Colegio
de Abogados de Sevilla califica de vacía de contenido
la aducida vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva, ya que las sentencias recaídas, en
especial la de apelación, cumplen con el deber constitucional
de motivación, reprochando el recurrente una
falta de respuesta exhaustiva a argumentos irrelevantes
o no decisivos.
8. El Ministerio Fiscal cumplimentó el trámite de alegaciones
mediante escrito registrado el 9 de junio de
2009, en el modifica la posición que sostuvo en el precedente
trámite de alegaciones, que, en lo sustancial,
pasa a ser la siguiente:
a) Considera el Ministerio Fiscal que el recurrente en
amparo puede impetrar la protección de sus derechos
a la libertad religiosa y a la igualdad, pese a su aparente
aquiescencia y falta de reacción frente a los anteriores
Estatutos del Colegio de Abogado de Sevilla de 1983,
cuyo art. 3 disponía que “El Ilustre Colegio de Abogados
de Sevilla, conforme a su constante e ininterrumpida tradición,
se coloca bajo el patrocinio de la Santísima Virgen
María, en el Misterio de su Concepción Inmaculada,
cuya festividad será honrada cada año en la forma que
determine la Junta de Gobierno” pues, a su juicio, no se
trata de un supuesto al que sea aplicable la doctrina de
los actos propios.
b) Añade que la declaración del art. 16.3 CE de que
“ninguna religión tendrá carácter estatal” establece
un principio de neutralidad en materia religiosa de los
poderes públicos y, por ello, de las corporaciones de
derecho público, que veda cualquier tipo de confusión
entre funciones religiosas y estatales -en este caso colegiados-,
consecuencia de lo cual es que sus ciudadanos
-los miembros del Colegio de Abogados- en el ejercicio
de su libertad religiosa cuentan con un derecho a actuar
en este campo con plena inmunidad de actuación del
Estado -del Colegio-, cuya neutralidad en materia religiosa
se convierte de este modo en presupuesto para
la convivencia pacífica entre las distintas convicciones
religiosas existentes en la sociedad plural y democrática.
La capacidad autonormativa que le reconoce la Ley
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 10/2003, de
6 de noviembre, de Colegios Profesionales, no exime al
Colegio de Abogados de Sevilla de la obligación de
respeto a los principios del orden constitucional.
El Ministerio Fiscal entiende que la advocación
mariana tiene un significado religioso, máxime al tratarse
de un dogma de fe que entra en contradicción con las
afirmaciones de los órganos judiciales de que estamos
ante un hecho histórico o tradición histórica que no
conlleva incorporar un dogma de fe a los Estatutos del
Colegio. Entiende por ello que el mandato de neutralidad
es ignorado por el art. 2.3, inciso final, de los Estatutos
y por la Orden de 23 de abril de 2004 que declara
su adecuación a la legalidad, ya que la declaración
de aconfesionalidad que se recoge en aquel precepto
queda desnaturalizada por la declaración de patronazgo
que se realiza a continuación.
c) Señala tras ello que el demandante de amparo
conserva su libertad para participar o no en los posibles
actos en honor de la Patrona del Colegio de Abogados,
de modo que su libertad religiosa, en su dimensión externa,
no resulta vulnerada. Tampoco por la disposición
estatutaria se ve obligado a declarar sobre su ideología,
religión o creencias (art. 16.2 CE). Ni existe una afectación
a su esfera íntima de creencias, pensamientos o
ideas, pues no se produce la imposición de creencia
alguna, dada la libertad del recurrente para aceptar o
no dicho patronazgo.
Ahora bien, continúa, si la declaración de patronazgo
tiene un verdadero contenido religioso y el demandante
se declara no creyente, la obligación de cumplir
los Estatutos en su total contenido supone necesariamente
un conflicto con sus convicciones que no está
obligado a soportar, pues no existen razones objetivas
que lo exijan (art. 3.1 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio,
de libertad religiosa). La tradición como argumento
para incluir el patronazgo en los Estatutos del Colegio
no es causa, a juicio del Fiscal, que justifique la lesión de
un derecho fundamental. De este modo, la declaración
contenida en el art. 2.3 de los Estatutos afectaría al
claustro de creencias del recurrente en amparo, al obligarle
a aceptar un dogma de fe como consecuencia
de su obligación de asumir el contenido de los Estatutos
(art. 2.2), con lo que se estaría compeliendo al recurrente
a asumir una creencia que no comparte, infringiéndose
el mandato contenido en el art. 16.1 CE.
d) En relación con la denunciada vulneración del
principio de igualdad, el Ministerio Fiscal entiende que la
declaración del art. 2.3 de los Estatutos del Colegio no
impide al demandante de amparo el ejercicio de su profesión
en su plenitud; y conserva sus derechos profesionales
y colegiales como los demás colegiados, profesen
o no el dogma de fe al que se refiere el citado artículo.
No le impone o le restringe obligaciones o derechos
diferenciados de los creyentes colegiados, por lo que no
existe la infracción del art. 14 CE. Además, el recurrente
no denuncia una concreta discriminación padecida por
su discrepancia con la declaración estatutaria, derivada
de una actuación del Colegio como consecuencia
del patronazgo que se combate.
Ahora bien, añade el Fiscal, la inclusión del patronazgo
en los Estatutos del Colegio carece de cobertura
legislativa; la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía
10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales,
preceptúa el contenido de los Estatutos sin que
contenga referencia alguna a la declaración de patronazgo
que se recoge en los mismos, por lo que su inclusión
no responde a criterios objetivos y necesarios para
la regulación del ejercicio de la profesión de abogado
en el ámbito territorial al que se extienden las funciones
Enero - Marzo 2011