El Constitucional avala el patronazgo de la Inmaculada - LA TOGA

VIII
Dossier
¿Se había demostrado de forma indubitada la culpabilidad del acusado, la autoría de éste en los crímenes?
¡NO!, se preguntaba y se respondía al mismo tiempo el Magistrado. Luego, en tales condiciones,
no podía condenar. Porque si dictaba una Sentencia condenatoria al socaire de una opinión pública ávida
de revancha y de unos deseos gubernativos no menos explícitos, no sólo provocaría una degeneración del
Derecho, sino que estaría dictando una resolución en contra de sus propias convicciones como hombre y
como Juez.
Y no es que estuviera plenamente convencido de la inocencia del acusado, pero menos lo estaba de su
culpabilidad. Y en tal razonamiento mezclaba técnica y conciencia.
Pero ¿y la opinión pública? ¿y los políticos y las autoridades policiales? ¿cómo reaccionarían frente a una
Sentencia absolutoria? El Magistrado era consciente de que la ciudadanía y sus dirigentes exigían la cabeza
del acusado, tan convencidos estaban, a saber por qué, de su culpabilidad.
Pero ¿acaso correspondía a los ciudadanos emitir una Sentencia, juzgar unos hechos, cuyos detalles sólo
conocían por la información sesgada que le suministraban los medios de información? ¿Acaso no habíamos
evolucionado desde los tiempos en los que el pulgar del emperador romano, movido por la voluntad popular,
decidía la vida o la muerte de un ser humano? ¿Acaso tenía que dejar de presidir un Tribunal de Justicia para
convertirlo en un Tribunal de satisfacciones ciudadanas o de complacencias al político incapaz?
A todos los interrogantes, el Magistrado tenía una respuesta directa y clara, pero también sabía que por
no ser verdugo habría de convertirse en víctima cuando se hiciera pública la Sentencia. Porque la absolución,
no sólo daría al traste con el ansia de venganza popular sino que además pondría en solfa a la policía y a las
autoridades que tan aliviadamente habían respirado con la detención del “nublao”. No en vano, el acusado
llevada dos años cautelarmente privado de libertad, de modo que una Sentencia absolutoria no la iban a
entender ni se la iban a perdonar al Magistrado Salguero.
Sabía lo que debía hacer, pero a pesar de sus años y de su larga experiencia como Juez, le angustiaba la
repercusión mediática del fallo y le entristecía que la opinión pública de una sociedad teóricamente avanzada
no llegara a comprender las razones de una Sentencia que, en definitiva, iba a suponer un ejemplo
de civilización. Lo contrario, esto es, condenar a aquél desgraciado sobre la base de prejuicios indeseables,
representaría un acto ciego de venganza que nos devolvería a los tiempos más oscuros de la Historia. No
podía dejar de pensar en aquélla definición de Justicia de Kelsen que había hecho suya y que trataba de
aplicar en su quehacer profesional:
“La justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la
verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia
de la tolerancia”.
Sabía, por tanto, lo que debía hacer, pero ¿compartirían su decisión los demás miembros de la Sección
que presidía? Esperaba que en ese sentido los obstáculos fueran menores, aunque no las tenía todas consigo.
Sabía lo que debía hacer, pero ¿sería compartida y entendida esa Sentencia en el mundo jurídico y, especialmente,
entre los miembros de la judicatura? Probablemente no fuera compartida por algunos miembros
del Ministerio Fiscal, tan dirigido y politizado, pero albergaba la esperanza de que la mayoría de los juristas
con sentido de la Justicia e inspirados en principios penales “civilizados” sabrían entender la absolución del
acusado.
De esta manera el Magistrado trataba de aliviar sus preocupaciones y al mismo tiempo le reafirmaba en
lo acertado de su decisión, pues no de otra manera podía entender el ejercicio de la facultad de juzgar en
un sistema que le había dotado de los instrumentos legales y los principios doctrinales propios de una nación
moderna y avanzada. Por ello, y aún a costa de sufrir la incomprensión y la ira oficial, debería hacer aquello
que, en otras circunstancias, siempre se hubiera esperado que hiciese: impartir recta Justicia y no rendir su
fallo a las preferencias políticas o a las de una sociedad que con venganza pretendía conjurar su propio
miedo.
Creía en la rectitud de su juicio, pero también era consciente del linchamiento público al que sería
sometido tras la emisión del Fallo, pues a partir de ese momento, los diferentes medios de comunicación se
lanzarían en picado sobre el Magistrado, al que tratarían de aguijonear al amparo de la libertad informativa
y de expresión, todo ello a cambio de una porción de audiencia y del favor de un público que no dudaría
en echar al Magistrado a la misma hoguera en la que ardían las andanzas de un cantante de moda o de
una aristócrata senil.
Y qué decir de los políticos, tan oportunistas y tan correctos ellos, cuando se vieran deformados frente al
espejo de la estulticia y la ineficacia, cuestionados, junto al sistema inocuo de seguridad ciudadana que habían
creado, por un hidalgo de la judicatura que tenía la osadía y la inconsciencia de impartir recta Justicia.
Enero - Marzo 2011