El Constitucional avala el patronazgo de la Inmaculada - LA TOGA

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Tribuna
A vueltas de nuevo con las prohibiciones
y ahora en materia de financiación en la
educación a través de un proyecto legislativo
completamente innecesario desde el punto
de vista jurídico con la sola intención de
distraer a la población con temas que ya están legislados
desde 1978.
Como ya ha tenido ocasión de comentar algún
Profesor de Derecho en la prensa, mis observaciones no
son nuevas, porque la cuestión tampoco lo es.
En España, están perfectamente delimitadas y
establecidas nada menos que en la Constitución las
prohibiciones de las conductas discriminatorias en todos
los ámbitos sociales. El problema no es prohibir las
conductas discriminatorias que son deleznables deesde
cualquier punto de vista.
El problema que tenemos en España, con
determinados grupos políticos es que bajo el amparo
de políticas progresistas, bajo el amparo de una falsa
igualdad social, se pretende la IMPOSICION de una
ideología concreta. Es eso, un problema de implantar
una ideología concreta a toda una sociedad.
Entrando en el fondo del asunto, hasta la saciedad
repetimos que la discriminación en la esfera de la
educación está perfectamente definida por normas
que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico
y la separación de sexos NO LO ES. No se trata
peyorativamente a ningún alumno por su sexo. ¿ Hay
alguna denuncia de trato vejatorio o desigual por parte
de estas instituciones por razón de su sexo? ¿No es cierto
que el acceso a estos centros por parte de las familias
es completamente voluntario? ¿ No es menos cierto que
hay posibilidades de que tanto niños y niñas acudan a
estas instituciones?
Como quiera que contra eso no pueden hacer
nada, desde hace casi 20 años llevan estos grupos
políticos cada vez que acceden al poder intentando
cometer un fraude de ley prohibiendo o intentando
prohibir por vías secundarias lo que nuestro Estado de
derecho y Constitución, establece como pluralismo
educativo.
Así, no pueden poner claramente que se prohíbe
la educación separada en España por atentar contra
la igualdad y ser constitutiva de discriminación.
Jurídicamente no pueden hacerlo. Cualquier persona
ajena al derecho, sólo por sentido común, podría
comprender que un comportamiento que atente contra
Carmen Mora de la Rosa, Abogada
Sobre la pretendida nueva
Ley para la Igualdad de Trato
y la Educación Diferenciada
los derechos fundamentales de las personas referidos
a cualquier discriminación, debe ser inmediatamente
prohibido, máxime si se realiza por instituciones que
prestan un servicio a la sociedad tan importante
como la educación. ¿Por qué no lo hacen nuestros
gobernantes?, porque tachar a la enseñanza separada
de discriminatoria, no se sustenta jurídicamente, es
una afirmación demagógica, utilizadas por quienes
pretenden imponer un solo sistema educativo y doblegar
a las familias para que no puedan ejercer su derecho a
educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones
morales, y pedagógicas. (Esto sí que es fascimo y no que
los funcionarios en Andalucía se manifiesten contra el
Decreto de la función pública como recientemente les
ha calificado un dirigente socialista).
Una evidencia de la demagogia ideológica que
se practica, es que se permita impartir el modelo
pedagógico de educación separada en la enseñanza
privada y se estén torpedeando a los centros que
reciben financiación pública, con innumerables
chapuzas legislativas, estatales y autonómicas, para
quitarles la financiación porque cometen discriminación,
¿y los privados no la comenten? Qué incoherencia y
qué falta de rigor jurídico. Aclarar que la financiación
que reciben los centros, es para las familias no para el
titular de los mismos. Las cuentas están ahí y el Tribunal
de cuentas tiene competencias en la materia.
La nueva Ley no aporta nada, pues la LOE recoge
expresamente para el sector educativo la intolerancia
con la discriminación. No era necesario reiterarlo en otra
Ley que va más allá de la Ley específica de educación
con la referencia a la financiación pública.
Si el motivo para retirar la financiación pública es
que esta enseñanza es discriminatoria, no tienen más
remedio “ por vergüenza torera” que prohibir este
modelo en todo el Estado.
No pueden hacerlo, atentarían contra la
Constitución, las directivas internacionales más recientes
y otras normativas internacionales que forman parte de
nuestro ordenamiento jurídico.
Enero - Marzo 2011