El Constitucional avala el patronazgo de la Inmaculada - LA TOGA

Enero - Marzo 2011
artículo siguiente (265) no se ha modificado. Hubiera sido
una buena ocasión para actualizar cuantías y renombrar
la moneda. Es el único precepto del Código Penal
donde todavía se habla de pesetas. Ciertamente es una
cuestión menor, porque basta con aplicar el artículo 2
de la Ley 46/1998 de 17 de diciembre. Pero por estética
hubiera merecido la pena actualizar la cuantía (400/500
euros) y señalarla en euros, naturalmente.
7. En el artículo 523 todavía se habla de Ministerio de
Justicia e Interior. Pero es sabido que ese ministerio como
tal Ministerio de Justicia e Interior ya no existe. Existe un
Ministerio de Justicia, y un Ministerio de Interior. ¿A que
departamento ministerial se refiere el precepto si damos
por sentado que en derecho penal no se debe dar nada
por sobreentendido?
8. En el artículo trigésimo tercero de esta L.O. 5/2010,
literalmente, se modifica el párrafo cuarto y se suprime el
párrafo quinto del apartado 1, se modifica el apartado
4 y se añade un apartado 5 al artículo 131, que quedan
redactados como sigue:
«1. Los delitos prescriben:
[…]
A los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y
calumnia, que prescriben al año.
4. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los
delitos contra las personas y bienes protegidos en caso
de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo
614, no prescribirán en ningún caso.
Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si
hubieren causado la muerte de una persona.
5. En los supuestos de concurso de infracciones o de
infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que
corresponda al delito más grave.»
La literalidad del precepto integrado tras la reforma
en el artículo 131 que no ha sido reformado entero,
sino sólo los apartados que se indican, hace que nos
quedemos con un artículo 131 un poco farragoso pues
se habla de la prescripción de los delitos de calumnia e
injuria dos veces, a mi parecer innecesariamente. Si se
integra tal cual se dice en este precepto, lo reformado
en el texto antiguo, así quedaría:
(En cursiva negrita lo nuevo, según L.O. 5/2010)
Artículo 131.
1. Los delitos prescriben:
A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al
delito sea prisión de 15 o más años.
A los 15, cuando la pena máxima señalada por la Ley
sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más
de 10 y menos de 15 años.
A los 10, cuando la pena máxima señalada por la Ley
sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que
no exceda de 10.
A los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y
calumnia, que prescriben al año.
Los delitos de calumnia e injuria prescriben al año.
(Apartado modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de
25 de noviembre)
2. Las faltas prescriben a los seis meses.
3. Cuando la pena señalada por la Ley fuere
compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas
Tribuna
comprendidas en este artículo, a la que exija mayor
tiempo para la prescripción.
4. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los
delitos contra las personas y bienes protegidos en caso
de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo
614, no prescribirán en ningún caso.
Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si
hubieren causado la muerte de una persona.
5. En los supuestos de concurso de infracciones o de
infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que
corresponda al delito más grave.»
Por otra parte se detecto una errata en el texto
BOE, página 54839: en el art. 177.1-a) se dice trabajo
o servicios forzados, cuando debería decir trabajos o
servicios forzados.
Omisiones de penas
Más que una errata, se produce una omisión,
importante a mi parecer, en el artículo 187. Se señala en
el precepto cuadragésimo octavo de la L.O. 5/2010 que:
Los actuales apartados 2 y 3 del artículo 187 pasan a ser
apartados 3 y 4, se modifica el apartado 1 y se añaden dos
nuevos apartados 2 y 5, quedando redactados como sigue:
«1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la
prostitución de una persona menor de edad o incapaz
será castigado con las penas de uno a cinco años y
multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se
impondrá al que solicite, acepte u obtenga a cambio de
una remuneración o promesa, una relación sexual con
persona menor de edad o incapaz.
2. El que realice las conductas descritas en el
apartado 1 de este artículo siendo la víctima menor de
trece años será castigado con la pena de prisión de
cuatro a seis años.
5. Las penas señaladas se impondrán en sus
respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan
por las infracciones contra la libertad o indemnidad
sexual cometidas sobre los menores e incapaces.»
Préstese atención al nuevo apartado 1: no aparece
en su texto en absoluto de qué pena de uno a cinco años
se refiere. Sí, se deduce fácilmente que es –que debe ser,
mejor dicho- de prisión. Pero en derecho penal, además
de no darse nada por sobreentendido, no se debe –
tampoco- deducir nada. El principio de legalidad debe
ser escrito y estricto.
En cualquier caso, debería subsanarse –vía corrección
de errores tal vez, aunque sea una fórmula que en
derecho penal sancionador no goza de mis simpatías-
tan importante omisión. No debe olvidarse que en el
Código Penal existen otras penas de más duración que
no son de privación de libertad.
Pero es que igual omisión sucede con otro precepto:
Se dice en el artículo sexagésimo cuarto de la
L.O.5/10: El apartado 3 del artículo 257 pasa a ser
apartado 5, y se añaden dos nuevos apartados 3 y 4 a
dicho artículo, que quedan redactados como sigue: «3.
En el caso de que la deuda u obligación que se trate de
eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una
persona jurídico pública, la pena a imponer será de uno
a seis años y multa de doce a veinticuatro meses”.
Esta claro que la vacatio legis también ha sido
vacatio legislatoris.
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