Tot els pdfs del Carrer número 99-100 en un sol fitxer - Favb

46 gener-febrer
Els 50
principals
Daniel Martínez
L’ara president de Focus,
nascut al 1948, va crear un
grup de teatre al barri del
Turó de la Peira. Avui, quasi
totes les tarimes i equips de
so que intervenen a les festes
majors dels barris són de la
seva propietat. Va començar
amb 50.000 pessetes i
l’any passat va facturar 30
milions d’euros. Entre les
seves activitats hi ha la
producció de 160 espectacles
i la contractació de més de
2.000 artistes: també té 11
companyies pròpies. En
les seves mans queda, en
gran mesura, el teatre que
podem veure o no. Gestiona
els teatres Condal, Romea,
Goya, Villaroel i, fins ahir,
el Barcelona Teatre Musical.
Després dels Jocs Olímpics
sobraven instal·lacions
esportives i, en coalició amb
l’Ajuntament, es van capficar
en trans-formar els equipa-
El president
de Focus va
començar amb
50.000 pessetes
i l’any passat va
facturar 30 milions
d’euros
ments
esportius en
un teatre
de gran
format.
El fracàs
ha estat
estrepitós.
Avui, la
ciutat
es troba
amb un teatre menys i
una instal·lació esportiva
inservible. Diuen que un
promotor cultural no ha
de funcionar amb criteris
partidistes. Ell diu que
no els practica, però amb
l’administració socialista li
va molt rebé. Està portant a
terme la reforma del teatre
Goya amb unes inversions de
2,8 milions d’euros i ha fitxat
Josep Maria Pou per dirigirlo.
Presideix la Federació
Estatal d’Associacions
d’Empreses de Teatre i
Dansa. Comparteix el negoci
del teatre, entre d’altres, amb
les empreses Bito, Fila 7 i les
companyies Els Comediants,
Dagoll Dagom o La Fura dels
Baus.
Andrés Naya
LUIS CALDEIRO
El 11-S no fue en vano. Tras el
ataque a las torres gemelas, una
corriente de pensamiento fuertemente
conservador se instaló en
Occidente: Sus premisas eran el
retorno a una autoridad fuerte y la
convicción de que los derechos y
libertades individuales podían ser
sacrificados en aras de otros conceptos,
como la seguridad. “Pero
no sólo eso” -apunta Eva Fernández,
presidenta de la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona (Favb)- “también
que los sectores más desfavorecidos
no eran merecedores de protección
especial, sino dañinos”.
Esta es la atmósfera intelectual,
el contexto en el que nacerá la actual
Ordenanza Cívica, aprobada
por el Ajuntament el 23 de diciembre
de 2005. Una de las normas
más polémicas que ha conocido
la ciudad. Tanto, que suscitó el
rechazo unánime de organizaciones
vecinales, sindicatos, ONG
e incluso asociaciones de juristas
como el Col.legi d’Advocats
de Barcelona y la Asociación
de jueces Francisco de Vitoria.
Sólo los comerciantes parecieron
aceptarla. Recurrida el 25 de septiembre
de 2006 por la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona (FAVB) y otras treinta
entidades, actualmente se halla
en el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC).
Pero, ¿qué tiene esta Ordenanza
para generar tanta antipatía?
Para empezar, un afán ordenancista/sancionador
como mínimo
inquietante. Considera infracción
conductas tan peregrinas como
“la práctica de juegos en el espacio
público” (pelota, monopatín y
similares), “limpiarse o bañarse en
las fuentes” o “utilizar los bancos
y asientos públicos para usos diferentes
a los que están destinados”
(sic). Y si bien es cierto que
castiga fenómenos no bien vistos
socialmente, como el botellón, no
lo es menos que la restricción llega
a límites severos: Se prohíbe
el consumo de alcohol -sin más-
“cuando se haga en envases de
vidrio o lata”. Aunque curiosamente
se tolera cuando se haga “en
establecimientos y otros espacios
reservados expresamente para
esta finalidad, como terrazas”.
Pero hay más. La mayoría de
entrevistados coincide en señalar
que la actual Ordenanza equipara
bajo una misma etiqueta, incivisme,
actitudes puramente vandálicas
con otras de naturaleza muy
diferente, ya sea social y económica
(mendigos y prostitutas de
calle) como política (colectivos
o movimientos incómodos para
el poder). A través de la vía de
la sanción, la Ordenanza tendría
La Veu del
CARRER
¿La calle es mía?
Se cumple un año de la
aprobación de la actual Ordenanza
Cívica. Polémica
desde su nacimiento, constituye
una buena muestra
de qué entiende el poder
por “espacio público”.
como objetivo inconfesado “invisibilizar”,
hacer desaparecer de la
vista pública a los primeros, y limitar
la capacidad de movilización
de los segundos.
“O sea: una limpieza social”,
concluye Jaume Asens, uno de los
letrados que lleva el recurso y perteneciente
a la Comisión de Defensa
de los Derechos de la Persona
del Collegi d’Advocats. Asens no
duda en calificar esta Ordenanza
como “la plasmación legal” de
lo que el poder considera como
espacio público. “Es el sueño de
todo político: crear un espacio público
des-conflictivizado”, explica.
“Se pretende que todo aquello que
perturbe el campo visual con problemas
sociales o políticos no previstos
en la agenda, desaparezca.
Y que por fin la calle se convierta
simplemente en un lugar de paso:
espacios físicamente ordenados
y limpios, que faciliten su rentabilidad
económica (consumidores,
turistas), aunque sea a costa de
perder peso social y espiritual”.
Sin duda el grueso de las quejas
se centra en el trato a indigentes y
prostitutas de calle. En cuanto a los
primeros, se castiga “la mendicidad
insistente, intrusiva o agresiva, así
como organizada” y la que “directa
o indirectamente utilice a menores
como reclamo o los menores acompañen
a la persona que ejerce esta
actividad”. También “dormir de día
o de noche en las vías y espacios
públicos”, algo que puede resultar
especialmente dañino para este
colectivo. Jaume Asens señala que
incluso “se prevé la incautación del
dinero producto de su actividad,
tanto a ellos como a las a las trabajadoras
del sexo”.
Ramón Noró difiere de esta
opinión. Es portavoz de la Fundació
Arrels, que desde 1987 trabaja
para dignificar a las personas sin
hogar y con una situación de desamparo
crónica. Preguntado por
su balance de un año de aplicación,
afirma que “las personas que
conocemos y que han sido sancionadas
no han visto modificada su
situación de fracaso por el hecho
de una multa”. ¿Pero si eres pobre
y sin casa una multa no agrava
aún más tu situación? “Es un aspecto
más de la vulnerabilidad en
que viven. No les ha beneficiado,
no les ha motivado para mejorar”.
Noró parece no querer pronunciarse
abiertamente. “¿Pero acaso
no les ha perjudicado, no son
medidas negativas?”. “No les ha
beneficiado”, repite.
En el tema de la incautación del
dinero, asegura no tener constancia
de que se le haya incautado un euro
a nadie, “entre otras cosas, porque
normalmente no lo tienen”. Tampoco
de que se haya retirado o trasladado
a mendigos por estar o dormir
en la calle, ya que “la Ordenanza
multa por estar, pero no echa a la
gente”. Lo que sí ha hecho la Guardia
Urbana ha sido despertarles por
la noche e invitarles a acudir a los
albergues. La nueva Norma no ha
ayudado a los indigentes, sino que
les ha puesto más dificultades: “Se
podían haber evitado esta Ordenanza”,
concluye.
Eva Fernández, por su parte,
observa que, tras un año de aplicación,
si bien han desaparecido los
limpiacristales que se apostaban
en los semáforos, “la utilización de
menores para la mendicidad sigue
a la orden del día”.
Sin embargo, la regidora de Urbanisme
del Ajuntament de Barcelona,
Assumpta Escarp, afirma que
de 2007
IGNASI R. RENOM
Muchas entidades temen que detrás de la ordenanza haya una voluntad de invisibilizar la pobreza.
La ordenanza viene
a ser la plasmación
legal de lo que el
poder considera
espacio público
“la mendicidad en sí no está sancionada”.
A su juicio, únicamente
aquellos indigentes que cometen
infracciones son objeto de sanción,
lo cual ilustra con la expresiva frase:
“Si hacen sus necesidades y
encima son mendigos, es entonces
cuando se castiga”. Por otra lado,
explica que no todo es sancionar:
Desde que se aprobó la Ordenanza,
el Consistorio ha ido desarrollando
toda una serie de iniciativas
sociales “que están contempladas
en el texto legal y que se han cumplido”.
“Me sorprende”-argumenta-
“que las quejas sigan siendo las
mismas que hace un año, cuando
se aprobó la normativa, y que
en cambio no se hayan tenido en
cuenta todas estas políticas”.
Concretamente, la regidora cita
la creación de nuevos centros de
acogida -600 plazas de servicio
nocturno y 100 de atención diurna-,
lo cual permitirá “acoger por la
noche e iniciar procesos de inserción
durante el día”. También se ha
llegado a un acuerdo con diversas
entidades (Serveis Socials Sant
Joan de Déu, Centre Obert Heura,
etc.) que ha dado como resultado
“un protocolo por el cual se anulan
las sanciones a los indigentes, a
la vez que se comprueba si estas
personas están en el circuito de
servicios sociales del Ajuntament”.
Polémico también ha sido el capítulo
dedicado a las trabajadoras del
sexo. La Ordenanza prohíbe todo
tipo de comercio sexual en la calle
(ofrecer, solicitar, negociar o aceptar),
así como mantener relaciones
sexuales mediante retribución.
Un trato que Beatriz Espejo,
portavoz del Col.lectiu de Transsexuals
de Catalunya, denuncia
por injusto e hipócrita: “Se habla
del proxenetismo en las calles
cuando en realidad es mínimo, en
comparación con la gran industria
de los burdeles. Sin embargo, es
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