Tot els pdfs del Carrer número 99-100 en un sol fitxer - Favb

gener-febrer de 2007
✒Viene
de la página 46
la trabajadora de la calle, la que va
por libre, la de más bajo nivel social,
sobre la que cae el peso de la
ley, a la que se demoniza”, afirma.
Beatriz Espejo cree que “si hubiera
un verdadero interés en combatir
el proxenetismo, la explotación
y el tráfico de mujeres, cerrarían
los locales de estos empresarios,
que me consta que mantienen
muy buenas relaciones con los
políticos”. Y atribuye esta falta de
interés a que las chicas “suelen
ser extranjeras, lo que provoca
una indiferencia social absoluta”.
Clarisa Belloci, del Colectivo Genera,
constata que ha habido sanciones,
pero no cree que ello las
haya expulsado de sus zonas de
trabajo. “Han seguido trabajando
en el lugar de siempre. Simplemente
han ido acumulando multas,
hasta veinte cada una”, explica.
“Porque, obviamente, no van a
pagarlas. Cuando eres extranjera
ilegal y no tienes cuenta bancaria,
¿qué importancia tiene?”.
La regidora de Urbanisme insiste,
al igual que hiciera con la mendicidad,
en que “no es la prostitución
en sí lo que se sanciona” sino “que
ésta excluya o limite otras actividades”
así como “que se desarrolle
a menos de doscientos metros de
distancia de centros educativos”.
Y abundó en el argumento de las
políticas sociales, afirmando que
se ha creado una agencia, a través
de ciertas entidades, que ofrece
una gran cantidad de servicios a
las trabajadoras del sexo (desde
recolocación laboral a “pisos-puente”
de acogida para aquéllas que
denuncien a proxenetas).
Pero no sólo los colectivos
socialmente desfavorecidos perderían
con esta Ordenanza, sino
también aquella disidencia política
o cultural que no se encuadra en
los partidos políticos clásicos. Tal
vez porque el artículo 23 prohíbe
colocar, sin la autorización del
Ajuntament, “carteles y pancartas”
en cualquier elemento del espacio
público así como “en un bien privado
si vuela sobre dicho espacio”, lo
cual requerirá, además, el permiso
del propietario del bien afectado.
También se sanciona lanzar a
la vía pública “carteles, anuncios,
pancartas y objetos similares”
además de “toda clase de folletos
o papeles de publicidad comercial
o cualquier material similar”. Sólo
se toleran “las pancartas en balcones
y otras aberturas”.
Assumpta Escarp desmiente
que esta medida limite la libertad
de expresión de las minorías:
“También se ha sancionado a los
grandes partidos políticos por poner
carteles donde no corresponde”,
señala.
No contar con permiso municipal
puede impedir, además, la celebración
de cualquier acto de tipo lúdico
o cultural que se desarrolle en la vía
pública, reuniones pacíficas para
las que hasta ahora no se pedía autorización.
Una medida que podría
ser utilizada para poner cortapisas
a cualquier movimiento o grupo que
resulte incómodo al poder. Algo que
la regidora de Urbanisme niega categóricamente:
“Siempre se ha tenido
que solicitar permiso para ocupar
el espacio público”.
Otra prohibición que podría
resultar perjudicial es la de acampar
en la vía pública, una medida
que ya se puso en práctica con el
desalojo de las acampadas por la
Vivienda Digna y, más recientemente,
con el movimiento francés
Los Hijos del Quijote. “Ha habido
un cambio evidente de política en
el Ajuntament” -observa Jaume
Asens-. “Mientras gobernaba el
PP, le convenía un fuerte movi-
miento de contestación social. Era,
digamos, su aliado. De hecho, durante
la guerra de Irak se toleraron
las acampadas. En cambio, lo que
antes era un aliado, ahora es percibido
como una amenaza”.
Mala noticia para todos aquellos
colectivos vecinales, políticos o
culturales –desde okupas hasta un
simple grupo de ajedrez o de sevillanas-
que, por su modestia económica,
no tienen otro medio de
expresión (y protesta) que no sea,
precisamente, el cartel, el folleto, la
pancarta, la acampada o una simple
fiesta vecinal espontánea.
Por si fuera poco, todo este afán
restrictivo queda agravado por un
texto “ muy ambiguo en su redac-
La Veu del
CARRER
¿Heredarán los futuros mayores de edad una ciudad más conservadora?
El recurso contra
la norma basa su
argumento legal en
la extralimitación de
las funciones del
Ayuntamiento
tado”, según Jaume Asens. Ambigüedad
que, lógicamente, hace
que recaiga sobre los agentes de
la autoridad la interpretación de la
norma. “Esto supone un enorme
aumento en la discrecionalidad de
la policía, que tendrá mucho más
margen de actuación”. Paralelamente,
creará una evidente inseguridad
jurídica en el ciudadano. Y
pone ejemplos prácticos: “¿Cómo
puede saber la Guardia Urbana
si una mendicidad es agresiva?
¿Cómo saber cuándo hay comercio
sexual en la vía pública, si es
obvio que los agentes no pueden
conocer el contenido de una conversación
entre prostituta y cliente?
Y si se incauta el dinero a un
mendigo o a una trabajadora del
sexo, ¿cómo saber si ese dinero
es producto de su actividad o ya lo
tenían previamente?
Pero la duda razonable no existe
para Asumpta Escarp. Para la regidora,
la Guardia Urbana “está perfectamente
capacitada” para saber,
por ejemplo, cuando se da comercio
sexual. Algo que no ponemos
en duda, aunque quizá tenga poco
valor probatorio en un sistema judicial
como el nuestro, basado en
evidencias. Y para demostrar que
la Ordenanza no se ceba especialmente
en las trabajadoras del sexo,
añade que “más que castigar a este
colectivo, se está sancionando a los
clientes: Hasta el momento, dos mil
hombres han sido multados”. Un
argumento políticamente correcto,
con aires de feminismo progre,
pero que sigue sin contestar a la
pregunta clave: ¿Cómo sancionar
a un hombre si no hay modo material
de saber de qué habla con una
prostituta? “Estas cuestiones ya
han sido contestadas por el Ajuntament
en el recurso”, remata sin
más explicaciones.
Jaume Asens, por el contrario,
denuncia que el criterio utilizado
por los agentes es de perogrullo:
La apariencia. Es decir, que hay
tráfico sexual cuando la prostituta
viste como tal; cuando, efectivamente,
tiene aspecto de puta.
La ambigüedad no se limita
sólo al texto, sino también a la forma
de aplicarlo, tanto en el tiempo
como en el espacio. “A una época
de tolerancia le puede suceder
otra de aplicación de la norma”,
cuenta Eva Fernández. Y lo mismo
sucede con las zonas geográficas.
“Hay espacios de tolerancia
y otros de intolerancia total (aquellos
más céntricos o visibles)”.
Una indefinición que, según
Jaume Asens, “hará aumentar
tanto la conflictividad social como
la judicialización de las vidas de
las personas”.
En definitiva: Con esta Ordenanza,
el Ajuntament se habría extralimitado
en sus funciones. “Ha
ido mucho más allá de sus competencias
locales, invadiendo un ámbito
muy sensible y sólo reservado
al Estado: los derechos y libertades
civiles”, afirma el abogado. De
hecho, éste es el argumento legal
en que se basa el recurso.
Irónico balance de un año
Una buen modo de hacer balance tal vez sea
acudiendo a las fuentes. En este caso, el cuerpo
de seguridad encargado de ejecutarla. La Guardia
Urbana, en un documento de 19 de enero
titulado “Informe de un año de aplicación de la
Ordenanza (...)”, asegura que las denuncias recibidas
por “Actividades que adoptan formas de
Mendicidad” trepó desde las 60 (el 12 de febrero
de 2006) a 838 (el 16 de enero de 2007). En
cuanto a “Servicios Sexuales”, pasaron de 83 a
4.280 en el mismo período. El capítulo “Carteles
JOAN MOREJÓN
y Pintadas” (que incluye grafittis, carteles, pintadas
y lanzamiento de folletos) aumentó de 350
denuncias a 10.340. Pero la palma se la llevan
sin duda los apartados de “Consumo de Bebidas
Alcohólicas” (de 312 a 8.369) y, sobre todo, la
“Venta Ambulante”, que pasó de 256 a ¡17.334!,
nada menos que un 32’19% del total de denuncias.
Curiosamente, las “Conductas Vandálicas”
(en teoría, aquellas más genuinamente incívicas)
sólo se incrementaron de 5 a 111, un tímido
0’21% el total. ¡Vivir para ver!
47
Els 50
principals
Lluís Martínez
Sistach
Mostrar-se més tolerant i
obert que el seu predecessor
en el càrrec, Ricard Maria
Carles, carregat de tics
autoritaris i gran defensor
de privilegis de dubtosa
cristiandat, han permès
a l’actual arquebisbe de
Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, gaudir d’una
imatge més bona entre els
barcelonins fidels i infidels.
Però sovint abusa del
silenci, i encara és hora que
qüestioni accions obscures
del passat que cap manual
de bon cristià atribuiria
als valors de tolerància i
solidaritat que proclama ell
mateix a les homilies. Què
li deu semblar que Ricard
Maria Carles visqui gràcies
als feligresos en un palau a
la part alta de la ciutat? I
que aconseguís que Joan Clos
renunciés a crear un Consell
Municipal de Religions, o que
després dels Jocs Olímpics
un Centre Ecumènic on hi
Quan li convé,
pica l’ullet als
polítics que fan
gala dels seu
catolicisme
resaven
totes les
religions es
reconvertís
en
parròquia
catòlica?
No ho
sabem. Sistach advoca per
la independència entre
les decisions eclesials i les
polítiques però, quan convé,
pica l’ullet als polítics que fan
gala del seu catolicisme. Per
descomptat, els 326 temples
d’evangèlics, budistes,
islamistes, hinduïstes,
ortodoxos, jueus i testimonis
de Jehovà no mereixen
l’atenció de l’arquebisbat
de Barcelona. I un darrer
capítol: el de la caixa
enregistradora de l’Església.
Lluny de treballar per
l’autofinançament, voldria
que la contribució voluntària
de l’IRPF passés del 0,7 al
0,8%. Cal estalviar per als
capricis dels càrrecs eclesials
que com Carles s’hagin de
procurar la jubilació d’or.
Gemma Aguilera