Jorge Adame Goddard: CURSO DE DERECHO ROMANO CLÁSICO I

Curso de Derecho Romano Clásico I 2009 Jorge Adame Goddard
Desde el imperio de Adriano, todos los juristas de categoría formaban parte
del consejo del emperador o cancillería imperial (concilium principis). El
emperador asumió la función de dar respuestas, con auxilio de su cancillería, a
las consultas que se le hacían por escrito, sustituyendo así la labor que antes
hacían los juristas. Las respuestas, firmadas por el emperador, se llamaron
«rescriptos» (rescripta) porque se escribían en el mismo documento en que se
había presentado la consulta.
Los rescriptos fueron la fuente más activa del derecho desde el gobierno de
Adriano (117-138) y durante toda la etapa clásica tardía y en la primera etapa
posclásica con el gobierno de Diocleciano (284-305).
Los rescriptos eran respuestas a casos concretos, pero era natural que se
consideraran como un precedente ejemplar que podía aplicarse a casos
semejantes. Por eso parecen haberse hecho registros oficiales en donde
aparecían resúmenes de los rescriptos, que podían ser consultados por el
público. En todo caso, a finales del siglo III aparecen unas colecciones
privadas de rescriptos; la más antigua que se nos conserva es el «Código
Gregoriano» que contiene rescriptos de Adriano y sus sucesores, hasta
Diocleciano.
§ 73. La última jurisprudencia clásica.
La jurisprudencia de esta última etapa clásica (130-230) tiene todavía un nivel
científico elevado, precisamente por estar vinculada a la tradición, pero carece
de fuerza creadora.
Sus representantes más conocidos son los tres juristas del tiempo de los
Severos (primeras décadas del siglo tercero): Papiniano y sus discípulos
Ulpiano y Paulo. Muchos provienen de provincias, como Ulpiano, que era de
Siria. Todos sirven en la cancillería imperial, especialmente para la expedición
de rescriptos, y eso les hace interesarse en los asuntos que interesan al
emperador, como los gobiernos de las provincias y los impuestos, que antes no
eran materia del interés de los juristas; este ensanchamiento del interés de los
juristas hace que se introduzca una distinción entre el ius privatum, el que se
refiere a lo que interesa a los particulares, y el ius publicum, el que se ocupa
de lo que interesa a la utilidad pública.
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